El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) visitará México del 15 al 27 de noviembre, para conocer y documentar el estado de las desapariciones en el país; esta es la primera visita a un país de este órgano de tratado de las Naciones Unidas.
Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) señaló que esta visita es importante para atender los derechos de las víctimas, pues las recomendaciones que emita después de oír a familiares, colectivos, organizaciones y autoridades, pueden contribuir al diseño de una política de Estado para atender esta problemática.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en 2015 se reportaron un total de 29 mil 203 personas desaparecidas; en 2018 la cifra aumentó a 69 mil 556, mientras que en lo que va de este año se registran un total de 94 mil 119 personas desaparecidas.
Por ello, se prevé que el CED se reúna con el titular de la Fiscalía General de la República para supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En ese sentido, el Centro Prodh señaló que al final de la visita el presidente debería emitir un mensaje sobre la aceptación de las recomendaciones y la ruta de su implementación.
México y el CED
El CED es un órgano de Naciones Unidas compuesto por 10 expertos independientes que supervisan la aplicación por parte de los estados que han ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Ésta entró en vigor en diciembre del 2010 y México la ratificó desde 2008.
Desde 2013, el comité solicitó visitar al país. En 2015, el organismo evaluó por primera vez la situación en el Estado mexicano y se realizó una evaluación de seguimiento en 2018. En su primer informe el comité reconoció que en México hay un contexto de "desapariciones generalizadas en gran parte del territorio".
Dentro de las recomendaciones más relevantes que el organismo ha emitido sobre el país en materia de desaparición forzada destacan: tener un plan completo y verificable para implementar en su totalidad la Ley General en la Materia, a nivel federal y local con la participación de víctimas y el presupuesto adecuado.
Así como crear y poner en marcha los registros que estipula la Ley General como el Banco Nacional de Datos Forenses y generar condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan ser identificados y entregados de manera digna.
Garantizar la independencia y autonomía en la Fiscalía General de la República, con el fin de garantizar el derecho a la verdad y justicia de los casos de desaparición asegurando la participación de las familias y sus representantes en la investigación.
DMZ