La investigación que inició la Fiscalía Justicia del estado de Chihuahua contra el ex gobernador de la entidad, César Duarte, es uno de los casos que más confrontaciones políticas generó en el sexenio pasado, donde incluso se señaló al entonces presidente Enrique Peña Nieto de protegerlo a toda costa.
El gobernador chihuahuense, Javier Corral, no solo arremetió contra Peña Nieto, sino también contra la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta última por las resoluciones judiciales dictadas por magistrados y jueces federales.
En marzo de 2018, la entonces Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal contra César Duarte, quien fue denunciado penalmente en 2014 como probable responsable de los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delito bancario, en agravio de Banco Progreso.
También resolvió no ejercer acción penal contra Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de la entidad, acusado por los mismos actos ilícitos.
Hoy en día solo existe una acusación a nivel federal que derivó en una orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal, la cual fue obtenida por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales cuando Santiago Nieto Castillo era fiscal, quien responsabilizó a Duarte por un presunto delito de peculado electoral por 14 millones de pesos, delito que no es grave.
En marzo de 2018, el acuerdo ministerial fue notificado oficialmente a Jaime García Chávez, fundador de Unión Ciudadana en Chihuahua, quien presentó la denuncia contra Duarte y Herrera cuando todavía se encontraban en funciones.
En el oficio PGR/UEAF/DG/582/2018 derivado de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, María Elena Velasco Ramírez, agente del Ministerio Público Federal comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, sometió la propuesta de no ejercicio de la acción penal contra César Duarte y el ex secretario de Hacienda estatal.
Sin embargo, Duarte enfrenta al menos 20 causas penales en el orden local, por lo que se han librado igual número de órdenes de aprehensión por un presunto desvío de más de mil 200 millones de pesos de las arcas del estado.
La Suprema Corte y César Duarte
En junio de 2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión que el ministro Eduardo Medina Mora había otorgado al entonces presidente Enrique Peña Nieto y a todo su gabinete, la cual impedía que fueran investigados por la Fiscalía de Justicia de Chihuahua.
La resolución deja claro que en caso de que las autoridades locales detecten un posible delito del orden federal, no podrán actuar ministerialmente en contra de Peña ni de sus ex colaboradores, sino que deberán dar parte a la Fiscalía General de la República para que reúna los elementos suficientes y actúe penalmente en su contra.
La Fiscalía también está impedida para judicializar alguna carpeta de investigación, si el supuesto ilícito se cometió en ejercicio de sus funciones, es decir, como titular del Ejecutivo Federal.
Los ministros avalaron el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Fiscalía Estatal, dependencia que impugnó la suspensión otorgada el 26 de octubre de 2018 por el ministro Eduardo Medina Mora.
La Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional antes de concluir el sexenio pasado, ante las advertencias de Corral de que llevaría a la cárcel a Peña Nieto, por proteger a César Duarte, y al ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Alejandro Gutiérrez enfrenta procesos penales, porque supuestamente desvío recursos locales y federales para financiar las campañas del PRI en dicha entidad.
Chihuahua ha dado a conocer que investiga diversas operaciones financieras, en las cuales se ha vinculado a Gutiérrez, en la denominada “Operación Zafiro”, supuestamente detectada en ocho estados en 2018.
El ex secretario y César Duarte
El año pasado un juez federal determinó que, en el caso de Alejandro Gutiérrez, la justicia local no tenía competencia para enjuiciarlo.
El asunto provocó un enfrentamiento entre los gobiernos de Chihuahua y el federal; la defensa de Gutiérrez denunció que su cliente fue torturado para autoincriminarse; mientras que la autoridad local señaló que las autoridades federales buscan liberar a Gutiérrez, “para formarle un cerco y evitar que involucre a cualquier otra persona”.
El pleito provocó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera a trámite dos recursos presentados por el gobernador Javier Corral por el asunto del ex secretario general del CEN del PRI, acusado de desviar 250 millones de pesos del erario estatal para financiar campañas del PRI.
Magistrados de diversos tribunales federales solicitaron la intervención del Alto Tribunal para determinar si el gobierno de Javier Corral tiene el carácter de víctima por el supuesto desvío del dinero, y si la decisión de un juez de control de sobreseer dicho asunto a petición de la Procuraduría General de la República estuvo fundada o si en su caso debía reponerse el procedimiento.
PGR perdona a ex secretario
El 30 de septiembre de 2018, la Procuraduría General de la República se desistió de la acusación de peculado contra Gutiérrez, ex secretario porque no contaba con los elementos de prueba “idóneos, pertinentes y suficientes”.
Un día después, la PGR aseguró que no tenía cómo sustentar la causa penal, debido a que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sólo entregó información “parcial”.
“Se llegó a tal conclusión (al solicitar el sobreseimiento de la causa penal), en particular, porque la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se sostenía principalmente en declaraciones de testigos –a los que no tuvo acceso la Fiscalía federal (PGR)- y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba”, justificó la dependencia.
Posteriormente, una juez federal ordenó a un juez local del estado de Chihuahua que diera cumplimiento al amparo concedido a Alejandro Gutiérrez, para que se dejara sin efecto la prisión preventiva dictada en su contra.
bgpa