El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, tomó como una buena noticia que fiscales estadunidenses prevean ventilar durante un juicio contra un ex líder de Guerreros Unidos los Chats de Chicago, intercepciones de comunicaciones que contienen información clave sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, como reveló MILENIO.
“Lo hemos tomado como una buena noticia porque nos parece que esas transcripciones de mensajes de texto del servicio que en 2014 tenía Blackberry, que eso es lo que son, son mensajes de texto de mensajería que fueron en su momento interceptado por la DEA en sus investigaciones, sean usados como evidencia en el juicio contra uno de los miembros de la familia Casarrubias, nos pareció una buena noticia, porque estimamos que estos mensajes presentan un a muy acabada radiografía de cómo funcionaba la red criminal vinculada con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”, dijo en entrevista con MILENIO.
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Aguirre aseguró que esta serie de mensajes de Blackberry, realizadas por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) “es una de las pruebas más objetivas que hoy tenemos e indubitables para entender el contexto de Iguala en 2014”, entre ellas, el ejército, al mencionarse el presunto involucramiento del coronel Rafael Hernández Nieto con el cártel de Guerreros Unidos.
El director del CentroPro también recordó que durante las conversaciones interceptadas, se menciona a liderazgos de Guerreros Unidos, como Gildardo López Astudillo, El Gil, quien “debería estar detenido y rindiendo cuentas por la desaparición de los estudiantes”, según el abogado.
Las pruebas, además, funcionan a decir de Aguirre, para terminar por tirar la verdad histórica desarrollada por la Procuraduría General de la República: la narrativa en la que los jóvenes habrían sido secuestrados por sicarios de Guerreros Unidos, asesinados, calcinados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el Río San Juan, tras intentar sabotear un evento de la entonces directora del DIF local, María de los Ángeles Pineda Villa.
Esto, ya que demuestran que en 2014, cuando sucedieron los hechos, Guerreros Unidos era un cártel bien establecido y con una operación a gran escala para la importación de heroína a Estados Unidos: “Muestran que para 2014 Guerreros Unidos o la red criminal que conocemos como Guerreros Unidos era una estructura que no era un cártel regional con capacidad para corromper a algunas autoridades municipales como se presentó en la verdad histórica, sino que era una estructura criminal que estaba enviando activamente heroína hacia los EU con la protección de autoridades municipales, pero también estatales y federales.”
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Aguirre, además, consideró que permitirá que se ahonde en la línea de investigación acerca de la posibilidad de que la agresión contra los estudiantes ocurriera por la toma de autobuses por parte de los jóvenes, ya que “pudo haber despertado una reacción extremadamente violenta de este grupo criminal en la medida en que esos autobuses y otros vehículos estaban ya siendo empleados para el tráfico de enervantes”, pues hubo un evidente intento del cártel para evitar la salida de autobuses de Iguala la noche de la desaparición de los muchachos.
Y es que el director del CentroPro denunció que esa línea de investigación fue hecha a un lado de forma deliberada por parte de la entonces PGR: “toda la parte de antecedentes sobre el uso de vehículos para traficar heroína hacia EU por parte de GU fue deliberadamente ocultada por la administración de Peña nieto en la investigación de Ayotzinapa”, concluyó Aguirre.