La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a México a fortalecer sus medidas de prevención de la desaparición de personas, en coordinación con las entidades federativas y las autoridades municipales.
En su Informe sobre desapariciones en México, que presentará el lunes 11 de mayo en la capital del país, la CIDH reiteró que este fenómeno representa una grave crisis en el país, por lo que realizó una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos federal y estatales, así como al Poder Judicial y a las asociaciones y organizaciones civiles que tratan la desaparición de personas en el país.
“Fortalecer la estrategia de prevención de la desaparición de personas, mediante medidas de erradicación, en coordinación con las entidades federativas y municipales, y con participación de organizaciones de derechos humanos y de colectivos de familiares de víctimas en particular y evaluar su eficacia”, señaló la CIDH en su informe.
Piden ajustar la ley en temas de desapariciones
De igual manera, puntualizó que se debe “disponer y brindar asistencia técnica y jurídica desde el ámbito federal a las entidades federativas que no hayan adecuado sus marcos normativos sobre desaparición con la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda”.
En cuanto al Poder Judicial, la Comisión agregó que se deben “diseñar e impartir un curso obligatorio sobre desaparición para todas las nuevas autoridades del sistema de justicia, con contenidos sobre normativa, patrones de desaparición y derechos de las víctimas”.
En entrevista con MILENIO, la comisionada y vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, explicó que lo que busca el informe es “justamente aportar para que esto sea revertido y nuestras recomendaciones tienen el objetivo de mejorar esta situación, de colaborar en que se modifiquen esas políticas, que se fortalezcan esas políticas”.
“El Estado mexicano está reconociendo el problema, está reconociendo la magnitud del problema, el propio Estado está diciendo que se enfrenta a una crisis humanitaria”.
Añadió que las desapariciones en el país son un fenómeno generalizado, fundamentalmente cometidas por el crimen organizado.
“Pero que requiere que el Estado asuma su responsabilidad para prevenir, para investigar, para acompañar a las víctimas, para buscar, para reparar estos casos”.
De acuerdo con el informe, de 237 páginas, “la desaparición de personas representa en la actualidad una grave crisis de derechos humanos en México con más de 128 mil personas desaparecidas y 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados”.
Desaparición forzada aumentó en la Guerra Sucia
El documento reconoce que las modalidades de este delito se han transformado, desde las desapariciones forzadas cometidas en la llamada Guerra Sucia, entre 1965 y 1990, a un esquema de alta complejidad en fechas más recientes.
“En este escenario, las desapariciones de personas son también cometidas en contextos de violencia por el crimen organizado, cuyos mercados ilegales han crecido y se han diversificado a través de su presencia armada y su connivencia con agentes estatales en varios territorios del país”, indica, aunque remarca que las desapariciones cometidas por agentes estatales no han sido erradicadas.
“En este escenario, muchas de las desapariciones cometidas por el crimen organizado ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales. Cuando agentes estatales participan de modo directo o indirecto en el acto de desaparición, el derecho internacional califica dicha conducta como una desaparición forzada”.
La comisionada Pochak explicó a MILENIO que la CIDH decidió realizar el informe desde hace dos años, a petición de los colectivos de madres buscadoras.
“Lo que nosotros intentamos mostrar es que es un fenómeno indiscriminado, que le puede pasar a cualquiera. A diferencia de otras épocas, o a diferencia de otros países, en donde la desaparición está asociada, por ejemplo, a la oposición política, acá no, acá es un fenómeno indiscriminado, que tiene que ver mucho más con el crimen organizado, con determinados grupos que son visibilizados por el crimen organizado como un objeto de disputa territorial.
“Entonces, es un fenómeno generalizado porque se da en todo el territorio, y es un fenómeno indiscriminado porque puede afectar a cualquier persona”, comentó.
RM