La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sospecha de una reunión realizada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Guerrero, horas antes de los ataques en el municipio de Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La CIDH, en compañía del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González, presentó hoy su informe del Mecanismo Especial de Seguimiento a familiares de los estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La CIDH ratificó su rechazo a la "verdad histórica" sobre el caso Iguala, exigió al estado mexicano una investigación imparcial, respaldó la creación de una comisión de la verdad y confió en que la llegada de un nuevo gobierno en el país abrirá la posibilidad de que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.
El comisionado Luis Ernesto Vargas dijo que entregaron 112 preguntas al estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa para que conteste cada una de ellas, y que ayer la CIDH aprobó otras 35 que tienen que ver con tres aspectos: la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la PGR.
Vargas dijo que entre las preguntas están: “¿Por qué hubo reuniones en el C4 poco antes de que ocurrieran los hechos por la noche del 26 de septiembre? ¿Funcionó ahí un centro de coordinación que era el que coordinaba desde el C4?”, cuestionó.
Otro de los planteamientos es “¿Por qué la policía estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre, si éste se descubrió en una llamada anónima el 26 de octubre?, es decir, 21 días antes de la llamada anónima ya estaba la policía cuidando”, preguntó.
También dijo que el estado debe tener certeza de quiénes son los delincuentes identificados como El Patrón y El Caminante, ya que podrían tener un papel importante en la desaparición. Además, aún no se cuenta con un registro de hornos y crematorios de la región, para conocer quiénes los han usado, cuándo; el consumo de gas y así descartar esta línea de investigación.
Anunció que mañana tendrán una reunión de trabajo con el gobierno saliente y el entrante; “tenemos esperanza de tener el respaldo absoluto del nuevo gobierno para esclarecer los hechos”, dijo el comisionado.
En la cancha techada del lugar, frente a los 43 pupitres vacíos, Esmeralda Arozamena, integrante del mecanismo seguimiento de la CIDH, sostuvo que si las investigaciones en torno al caso fueran consistentes, los alumnos desaparecidos ya hubieran culminado sus estudios profesionales.
Ella explicó que el informe presentado contiene los trabajos realizados a un año de su integración, que se integró a partir del seguimiento a la búsqueda de los estudiantes, atención de todas las víctimas, la investigación criminal sobre los hechos que se produjeron la noche del 26 de septiembre, el seguimiento a la telefonía celular, el trafico de droga, la asistencia técnica con funcionarios de los Estados Unidos, el trasiego de droga con autobuses de transporte público y la posible participación de la Policía Federal.
Indicó que también se revisa lo relacionado con la tortura y malos tratos en contra de algunos de los implicados, incluso la posible obstrucción a la investigación, con la manipulación de la indagatoria realizada en el río San Juan donde supuestamente fueron esparcidos los restos de los normalistas incinerados en el basurero de Cocula.
jbh