Esa mañana uno llevaba la motosierra y el resto del comando armado iba con uniformes de camuflaje y los rostros descubiertos. Eran unas 70 personas. Andaban a pie y se metieron a una ranchería a las afueras de El Coire, una comunidad nahua del municipio de Aquila, en Michoacán. Una señora los vio cuando venía del molino cargando la masa para las tortillas. Le pareció que eran soldados. No imaginó que se trataba del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Era el 13 de agosto de 2024. Al llegar a su casa, ella los vio entrar y sacar con violencia a su hijo menor, de 28 años. Dejó la masa quién sabe dónde. Imploró que lo dejaran libre. Pero la ignoraron. Los miró salir y afuera corretear y capturar a su otro hijo, que tenía 37 y hacía labores en el campo. Lo juntaron con su hermano sometido. “Tirado en el suelo y yo no dejaba que lo golpearan”, recuerda.
“Y luego ya miré que trajeron a otros dos, somos primos, y esos sí los trataban como pelotas. Prendieron una motosierra para trozarlos y yo les dije que qué les hacían. Y ellos decían iban de parte del Comisariado y de parte del [Cártel] Jalisco”, recuerda refiriéndose al Comisariado de Bienes Comunales, la autoridad agraria en el pueblo. Les suplicó por horas que los dejaran libres. “Prendieron la motosierra y ahí anduve yo hasta que me corrieron, después ya no supe nada”, recuerda con un llanto de angustia.
Estamos en algún lugar de Coahuayana, municipio que colinda con Aquila, donde ella está refugiada. No revela su identidad por miedo a exponer su vida. El Coire está en el corredor montañoso rico en minerales y recursos naturales de la región Sierra Costa, cerca de la frontera con Colima y Jalisco. Aquí los pueblos nahuas enfrentan solos las embestidas crecientes de escuadrones criminales del CJNG. Lo acusan de usar armamento poderoso y drones con explosivos ante la omisión del gobierno de Michoacán y las Fuerzas Armadas.
El CJNG irrumpió en la Sierra Costa en el año 2020. Primero tomó la cabecera municipal de Chinicuila y en dos años logró el sometimiento de dos comunidades más, Huizontla y Coahuayula. En 2022 uno de los líderes comunitarios de Huizontla, Eustacio Alcalá, nos dijo preocupado que la organización criminal estaba apropiándose del territorio: “Ya no se vive tranquilo, otra vez el gobierno ha permitido que estos criminales se hagan dueños de todas estas tierras”, dijo en entrevista.
La señora de El Coire forma parte de un desplazamiento masivo de al menos 251 personas, las dos terceras partes son mujeres e infancias que huyeron de la violencia del 13 y 19 de agosto. Su historia la escucharon otras personas doloridas que también se resguardan en Coahuayana. Ella denuncia la desaparición de sus hijos Filiberto, Antonio y Miguel Orcino Oliveros. Éste último salió en busca de sus hermanos secuestrados y no regresó.
Otro señor, que también pide el anonimato, dice que la mafia vistió a 50 de sus hombres con el uniforme de la Guardia Comunal de El Coire –un nuevo cuerpo de seguridad creado recientemente–, y con apoyo de algunos de sus elementos cometieron atrocidades.
“Y ya vinieron los del Cártel Jalisco, las cuatro letras. Me dijeron que a la primera que me vieran con armas ahí me iban a matar”, nos dice el señor que hacía labores de asistencia médica en su pueblo. Comparte que, con impotencia, presenció el allanamiento de su casa, el secuestro y golpiza de sus dos hermanos y debió salir huyendo.
El saldo de la violencia entre el 13 y 19 de agosto en El Coire fue de siete jóvenes desaparecidos, dos asesinados, decenas de personas sometidas a tortura, mujeres que sufrieron violaciones sexuales, además de robos y saqueos sin que las Fuerzas Armadas lo impidieran, según un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT).
Comunidades nahuas son atacadas por el crimen en el corredor montañoso. Practican distintos ejercicios de gobierno institucional o en total autonomía. El Coire posee un autogobierno con legitimación y recursos oficiales pero, según personas desplazadas, se alió con el CJNG para provocar el desplazamiento forzado de su territorio y explotar ilegalmente posibles yacimientos minerales.
Santa María Ostula forma parte del Congreso Nacional Indígena, una retícula de pueblos en el país que declaró su autonomía, creando su propio gobierno y su Guardia Comunal que son autogestivos. Ostula ha sido atacada por la mafia desde hace cuatro años. Coahuayana tiene una policía comunitaria, herencia de las autodefensas de hace una década, sin legitimidad oficial, financiada por la comunidad, mientras que en Chinicuila su guardia comunitaria fue desarticulada por el CJNG en 2020.
De 2023 a 2024 estos pueblos registran un saldo de 18 personas asesinadas y 10 desaparecidas. Los diversos testimonios que recogimos en la región evidencian el avance territorial impune del CJNG por Michoacán.
Drones y explosivos atacan a los pueblos michoacanos
Iniciaba el día 3 de julio de 2024 cuando explosivos cimbraron en las cercanías de La Cofradía, un pueblo boscoso de la comunidad Santa María Ostula, que vive de la siembra de maíz y frijol. Era la advertencia de lo que vendría horas después: cerca de las 16:00 horas, armas de alto calibre dispararon ráfagas de tiros al poblado, desde distintos puntos y los cerros que lo rodean.
De inmediato María y un compañero suyo, encargados del orden en La Cofradía, recorrieron las calles asegurando el resguardo de la población hasta que su gente la alertó de que un pistolero los tenía en la mira. “Con el radio nos avisaron que nos tenían apuntados con un arma calibre .50 mm”, dice. Ella se colocó bajo un tejaban contiguo a la techumbre de lámina de la cancha de basquetbol, el principal lugar de reunión del pueblo. Uno de los drones la sobrevoló y soltó un explosivo, a unos metros de ella, pero no estalló. El tiroteo contra La Cofradía duró 15 horas.
En la cancha María nos muestra cómo el explosivo fallido reventó una parte de la techumbre. “El atentado fue directamente hacia el pueblo, no al punto de la guardia que nos estaba resguardando”, dice. Desde 2009, Ostula ha estado bajo las embestidas de distintas organizaciones criminales, y el hostigamiento de las fuerzas federales y estatales de seguridad, por su ejercicio de autogobierno y por defender un territorio en el que hay yacimientos mineros, maderas preciosas y playas paradisíacas. Nunca antes había sido atacada con drones y explosivos.
Sobre Aquila, el municipio al que pertenecen El Coire y Ostula, pesan diversos intereses económicos ya que es uno de los que tienen mayor riqueza mineral en Michoacán, pero también es una región codiciada por la posibilidad del desarrollo inmobiliario turístico y su posición en medio de los puertos más importantes del país, Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
La antropóloga Carmen Ventura, autora del libro Cartografías autonómicas en Michoacán. Utopías y resistencias (Universidad de Guadalajara/El Colegio de Michoacán, 2024), dice en entrevista que “de las 780 concesiones mineras que hay [en el estado], 102 están en Aquila”. Puntualiza que en su territorio está asentada la minera italo-argentina Ternium, considerada una de las más ricas en explotación de hierro del mundo. Explica que en la Sierra Costa hay dos proyectos de exploración en Aquila, otro más en los linderos de Chinicuila y Coalcomán y un distrito minero en Coahuayana.
Desde el año 2000, comuneros de Ostula han denunciado, además, que hay proyectos turísticos de empresas afines al gobierno estatal y a pequeños propietarios locales que han interpuesto juicios agrarios para despojarles de 2 mil 760 hectáreas. De igual modo, temen que habría despojos con los planes de la expansión de los carriles de la Carretera Federal 200 para mejorar la comunicación entre los puertos. El hecho de que las comunidades apliquen su autonomía para gobernarse, como Ostula, implica defender los intereses comunales ante los empresariales. Y resistir los intentos de despojo o agresiones directas.
Primero se defendieron de los Templarios, ahora del CJNG
La Sierra Costa michoacana, vasta en paisajes voluptuosos llenos de verdor, montañas y una inmensa costa, fue violentada por Los Caballeros Templarios de 2007 a 2014. Explotaron ilegalmente el hierro en vetas clandestinas, impusieron la tala ilegal en sus bosques, buscaron apropiarse de sus playas con fines turísticos al mismo tiempo que usaban algunas de estas como puertos clandestinos y desgarraron comunidades a través de la imposición de la venta de drogas sintéticas y extorsiones.
El tsunami de grupos de autodefensa que estalló en la zona en 2014 los replegó del área. Pero tras la desarticulación oficial de las autodefensas, la filtración criminal de algunas de éstas, y la continuidad de la fallida estrategia de seguridad militarizada de los últimos tres sexenios, los pueblos nahuas quedaron en mayor desamparo.
En 2020, Eustacio Alcalá, uno de los líderes comunitarios de Huizontla, ganó un fallo a favor en la demanda de amparo que presentó en contra de la expansión de la minera Ternium en el territorio comunal, hecho que hubiera significado la destrucción de miles de hectáreas y la contaminación de ríos y mantos acuíferos. En abril de 2023 fue victimado.
Después de que el CJNG tomara el control de Chinicuila, la mafia se extendió al norte, al municipio vecino de Coalcomán, provocando más desplazamientos forzados. Luego bajó hacia la Costa: atacó Coahuayana y se adentró por la parte montañosa hacia la colindancia con Ostula, comunidad en donde asesinaron a tres guardias y tres comuneros. En 2023 aumentaron los ataques a Ostula y a otras comunidades, y desaparecieron al abogado Ricardo Lagunes y al comunero Antonio Díaz, ambos involucrados en la defensa jurídica comunal contra el despojo de recursos por parte Ternium.
Ventura señaló que los asesinatos y desapariciones ocurridos en la región no han sido esclarecidos por el gobierno ni hay culpables detenidos. Las comunidades nahuas, dijo, además de padecer la impunidad de los casos, deben enfrentarse solas a los ataques criminales que buscan provocar “terror y miedo para desarticular e inhibir procesos de resistencia en donde los cuerpos armados estatales sólo miran y dejan hacer y no actúan”.
Un viejo lobo de las autodefensas en Michoacán
Héctor Zepeda, el Comandante Teto, legendario por ser el único líder activo de las autodefensas de la Sierra Costa alzadas hace una década, respetado por su compromiso y valentía, nos recibe en su oficina, en la cabecera de Coahuayana, una mañana de septiembre. Un hombre moreno de cuerpo fibroso y atlético, mecánico automotriz de oficio, a un costado de su escritorio penden fotografías en recuerdo de algunos de sus elementos asesinados. Charla con soltura pero se pone tenso al abordar el avance criminal en su municipio. En agosto, nueve de sus guardias fueron acribillados en un puesto de vigilancia.
El Comandante Teto es la única figura de la región que habla sin resguardar su identidad. Puntualiza que la mafia acrecentó sus agresiones en 2024 sin freno alguno. Explica que cuando hay enfrentamientos en la sierra o en la colindancia con Chinicuila, ya dominado por el CJNG, piden ayuda al Ejército, que tiene una base en el poblado de Palos Marías, pero se niega a auxiliarlos: “Lo único que dicen es: ‘Ah, pues nos vamos a resguardar para que tengan cuidado los elementos’”.
En abril, dice indignado, la mafia hirió a unos jóvenes en la sierra y su policía civil tuvo que combatir sola al CJNG. “Estaba tapizado de gente de ellos y nos empezaron a atacar y repelimos la agresión, fue de todo un día y parte de otro, y no llegó ninguna institución de ningún gobierno”. Narra que la población, desesperada, bloqueó el puente costero de la Carretera Federal 200 que une a Coahuayana con Colima para exigir la intervención de las fuerzas federales o estatales.
“A los dos días llegó el Ejército a Palos Marías y a El Órgano, y a los dos días se retiró”, dice el Comandante Teto.
La Guardia Comunal de Santa María Ostula
En tanto, Santa María Ostula, una de las comunidades más violentadas por el CJNG, conformó una Guardia Comunal integrada por su población, la cual se distingue con uniformes cuando están de servicio, y ante las agresiones responde de manera comunitaria, con la participación de toda la gente. Está avalada por la legislación internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas. Su servicio no es remunerado, es para la protección comunitaria. Se creó hace 15 años para defenderse de Los Caballeros Templarios. Hoy la mafia es otra.
Un miembro del Consejo Comunal, organismo civil de gobierno interno, manifiesta: “Queremos evitar que el cártel imponga sus extorsiones, que siga secuestrando o que empiece a cobrar cuotas como lo hace en lugares en donde ya se estableció”.
Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha rechazado legitimar este modelo de defensa comunitaria autónoma. En su conferencia del 14 de agosto de 2023, declaró: “esta ronda comunitaria de Ostula es ilegal [...], es de los pocos resabios que quedan de este tipo de grupos armados ilegalmente”, dijo en referencia a la ola de autodefensas que se levantó contra de Los Caballeros Templarios hace una década
El gobernador implementó la nueva Ley del Sistema de Seguridad del estado de Michoacán que criminaliza sistemas de seguridad comunales fuera de su propuesta institucional de autogobierno, el cual se promueve como la única vía para que la autonomía de los pueblos indígenas sean reconocidos. Ostula promovió el juicio de amparo 832/2023 en contra de la aplicación del reglamento, y de la totalidad de la nueva ley en su territorio, y el 20 de diciembre de 2023 logró la suspensión definitiva de esta legislación.
La ‘mafia’ infiltró la recién creada Guardia Comunal de El Coire
El Coire es la única comunidad en la Sierra Costa adscrita al modelo de autogobierno del gobernador, desde febrero de 2023. Es la propuesta del gobierno michoacano para que no sea el municipio sino las comunidades indígenas las que directamente administren sus recursos en rubros de seguridad, obra pública y gasto corriente. Si bien en redes sociales este autogobierno ha mostrado la compra de vehículos y uniformes para tareas de seguridad, no han logrado inmunidad ante la violencia.
Un señor desplazado nos dijo que la mafia infiltró la recién creada Guardia Comunal: “Desde que llegó el nuevo Consejo se empezó a estancar todo lo que ya teníamos y los policías empezaron a matar, mataron como a tres personas y me invitaban a trabajar con ellos pero no me gustó eso”. Él y otras personas desplazadas señalaron como cómplice al entonces comisariado de Bienes Comunales, Celerino Álvarez, la autoridad agraria en el pueblo. “Lo que quieren es tener el control, nosotros tenemos una mina en desarrollo pero ese es el pinche detalle, que el señor Celerino quería ‘huachicolear’, y otros señores no estaban de acuerdo, pero no le importó y nos traicionó”. Los intereses sobre el territorio a veces provienen de ciertas autoridades.
Intentamos sin éxito contactar directamente al Consejo de Autogobierno de El Coire. Los números telefónicos de los contactos que teníamos fueron cambiados. A través del abogado Orlando Aragón, del Colectivo Emancipaciones, que le ha dado acompañamiento en su gobernanza, solicitamos una entrevista pero no hubo respuesta.
Aragón, por su lado, expresó que el Consejo le ha dicho que quedó en medio de la disputa de dos mafias criminales. Mencionó que la violencia vivida en El Coire no es excepcional en el estado, pues dan acompañamiento a otras 11 comunidades que se acogieron al autogobierno institucional con el fin de que el municipio les transfiera las tareas de seguridad “para poderse defender de lo que no hace la policía municipal, la policía estatal, ni el Ejército ni la Guardia Nacional”.
En vías de cumplirse cuatro meses de los hechos de violencia de El Coire, la gente sigue huyendo de la violencia. Evangelina Contreras, al frente del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, nos informó que a fines de noviembre dos familias más se refugiaron en Coahuayana, por lo que el desplazamiento forzado ya supera las 260 personas sin que el gobernador Ramírez Bedolla atienda sus necesidades ni les garantice seguridad. Advierte que si comandos criminales logran incursionar en sus lugares de refugio “la mayoría de las personas serían masacradas”.
Mientras tanto, en Ostula y Coahuayana han seguido los ataques criminales. En octubre la población de Coahuayana cerró de nuevo el puente de la autopista que lo conecta con Colima para exigir la instalación de una base militar. El Comandante Teto cuestionó: “Y el gobierno que tenemos nada más se la pasa diciendo que hay seguridad, no sabemos en qué México viven”. O quizá México no es Michoacán.
GSC/ATJ