Luego de que una mujer de 37 años de edad acudiera a la Clínica Venecia, ubicada en la capital poblana, donde se le realizaría una operación estética, murió rodeada de múltiples inconsistencias médicas, por lo que, actualmente se han presentado dos denuncias legales en contra de la empresa responsable que, a pesar de ello, opera con normalidad en Puebla.
Los expedientes señalan que Maxheli Joseline Aguilar Tapia acudió el pasado 23 de febrero a la Clínica Venecia, ubicada en la calle 5 de Norte 4613. En ese sitio había pactado que un grupo de presuntas especialistas médicas le realizarían dos cirugías estéticas, una de reducción de busto y otra de lipotransferencia, proceso quirúrgico para el que supuestamente ya se le había catalogado como candidata.
No obstante, la madre de 'Max', Mónica Tapia, le expresó a la cirujana responsable su preocupación, debido a un probable problema hereditario con el sangrado excesivo en intervenciones de ese tipo, declaración que no cambió los planes de los médicos, quienes señalaron que todo estaría bien en el proceso.
Sin embargo, luego de más de ocho horas de operación, Max entró en un paro y para cuando sus familiares pudieron verla, casi 10 horas después de su ingreso a quirófano, ya había sido entubada.
Ante lo ocurrido, especialistas acudieron a la clínica y ordenaron el traslado inmediato de la paciente hacia el Hospital General del Sur, donde tendría que ser valorada por un neurólogo ante posibles daños irreparables en el cerebro.
Es importante destacar que durante el proceso quirúrgico, el traslado y las próximas horas, Max no despertó, pues después de que se le aplicó anestesia, entró en coma, sufrió una hemorragia de gran dimensión (tal como lo había advertido su madre) y fue diagnosticada con muerte cerebral debido a múltiples fallas del proceso médico para reanimarla en la Clínica Venecia.
Fueron 17 días los que Max y su familia continuaron dentro de un hospital, hasta que la joven murió. Durante dicho tiempo, a decir de sus familiares, fueron hostigados por abogados de las médicos involucradas que buscaban el perdón legal y al no ceder, argumentaron que se ampararían ante cualquier denuncia.
"Para mí, la reparación del daño es que paguen los doctores con lo que dice la ley, y que el debido proceso señale el grado de responsabilidad que tienen los tres doctores", señaló Issai Andrés Aguilar Tapia, hermano de la víctima.
En consecuencia, tanto la familia de Max, como el Hospital General del Sur, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de negligencia médica, homicidio culposo y los que se le sumen, mismo que se alojan en las carpetas de investigación FGEP/CDI/FIM/FIM-I/003957/2023 y FGEP/EAT/FIM/HOMICIDIOS-1/006173/2023, respectivamente.
No obstante, durante un recorrido por MULTIMEDIOS Puebla, se constató que la clínica involucrada continúa operando de manera normal, con pacientes en espera y sin sellos de ningún tipo por parte de las autoridades.
AAC