La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará acompañamiento a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, quien fue confundido por la Procuraduría General de la República como un integrante del grupo criminal de Guerreros Unidos apodado La Rana o El Güereque.
Uriel Sandoval fue liberado el pasado 22 de octubre por orden del juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, por violaciones al debido proceso.
El juez no se pronunció si Erick Uriel Sandoval es o no la persona que participó en los sucesos de violencia del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino que sólo se limitó a señalar que las autoridades federales violaron el debido proceso, dentro la causa penal que se le inició por el delito de secuestro.
Sandoval Rodríguez estuvo privado de la libertad durante 224 días, por la “irregular actuación de la Procuraduría General de la República”, señaló la CNDH.
La reparación del daño para Erick deberá traducirse en medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción como atención psicológica para él y sus familiares; compensación económica en lo conducente y disculpa pública de la PGR, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas, y su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
“Este organismo nacional acompañará la gestión emprendida por los abogados del señor Sandoval Rodríguez contra la PGR que, pese a las pruebas de inocencia del agraviado, mantuvo su acusación, mientras el probable partícipe de los hechos está en libertad y con total impunidad.
“De igual manera, la CNDH refrenda su postura de que la detención del señor Sandoval Rodríguez fue equivocada y que, por tanto, fue privado injustamente de su libertad, por lo cual brindará el acompañamiento correspondiente en el proceso para que se reconozca esta postura”, enfatizó el organismo.
La libertad de Erick Uriel derivó de las resoluciones judiciales emitidas dentro de las causas penales 123/2014 y 66/2015, abiertas por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada y secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, respectivamente, en las que se determinó que las autoridades incurrieron en irregularidades que afectaron el debido proceso.
Las resoluciones judiciales se basaron en la desvaloración judicial de pruebas. “En otros términos, la resolución no se basó en la identidad de Érick Uriel Sandoval, inocente de los hechos, sino en pruebas desvaloradas que sólo favorecen al verdadero presunto partícipe de los hechos”, puntualizó la CNDH.
jbh