La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 37/2020 a Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedemna), y a Irving Barrios Mojica, fiscal General de Justicia del Estado (FGE) de Tamaulipas, por el uso excesivo de la fuerza cometido por elementos militares y por la indebida procuración de justicia atribuible a peritos de esa fiscalía en agravio de nueve personas que perdieron la vida.
En septiembre de 2016, elementos de la Sedena a bordo de un convoy militar realizaban operativos contra la delincuencia organizada y en el kilómetro 13 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey sostuvieron un enfrentamiento en el que víctimas perdieron la vida.
La CNDH tuvo conocimiento que el agraviado circulaba a bordo de un vehículo en compañía de su familia cuando fue alcanzada por el impacto de una bala en el tórax que le ocasionó la muerte. El quejoso también señaló que tras los hechos comenzó a percibir vigilancia por parte de sujetos desconocidos, por lo que la comisión solicitó al gobierno de Tamaulipas las medidas cautelares necesarias para salvaguardar su vida e integridad física, mientras que el estado informó que aceptó la petición.
La Sedena refirió que, el día de los hechos, personal militar circulaba sobre el Boulevard Aeropuerto a la altura de la avenida Iglesias Calderón de la colonia Manuel Cavazos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con dirección norte, cuando fueron “objeto de una agresión con disparos de armas de fuego, por personas civiles” que circulaban en un vehículo por la misma avenida con dirección sur. Para neutralizar la amenaza los militares siguieron el vehículo, cuyos tripulantes lanzaron al piso artefactos metálicos “poncha llantas”, “persistiendo en la agresión con disparos de arma de fuego y acelerando su marcha de manera errática”, poniendo en riesgo la integridad del personal de la Sedena y de las personas civiles que circulaban en ese momento.
Tras su investigación, la CNDH acreditó que las fuerzas armadas que participaron en los hechos no emplearon la fuerza de manera gradual a través de mecanismos para controlar, detener o restringir los movimientos, tanto de individuos como de vehículos, pues en las manifestaciones de los elementos militares, algún punto de la persecución, no lograron ubicar a los agresores y los propios automovilistas les indicaron el rumbo; que se escucharon detonaciones, en algunos casos sin poder especificar quién disparaba o de donde provenían las ráfagas o disparos; que presumiblemente emplearon la fuerza letal desde un vehículo en movimiento, sin que exista prueba alguna de que su objetivo era la detención y puesta a disposición de las ocho víctimas ante las autoridades correspondientes.
Se advirtió que la finalidad del personal castrense conforme al lenguaje usado por la propia Sedena en los diversos informes remitidos a este organismo nacional fue la de “neutralizar” a los tripulantes del vehículo de civiles, es decir, privarlos de la vida ya que los disparos producidos se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas, pues nunca se empleó ningún tipo de táctica de sometimiento por parte del personal castrense, lo que denota violación a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza.
Por otro lado, dos peritos responsables de elaborar los dictámenes de las necropsias de las nueve víctimas omitieron documentar diversas lesiones que éstas presentaron y en su carácter de auxiliares de la autoridad ministerial investigadora.
Por ello, la CNDH recomendó al Sedena reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas que incluya indemnización, atención médica, psicológica y tanatológica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
También, pidió a la fiscalía que inicie las carpetas de investigación en contra de los agentes militares que intervinieron en los hechos, así como en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y ante el Órgano Interno de Control en la Sedena.
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