ONG denuncia nombramiento en Secretaría de Seguridad de Tijuana por tortura

Gustavo Huerta Martínez fungía en el 2009 como director de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, cuando “fue señalado como partícipe en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de 25 policías municipales".

Patrulla municipal de Tijuana. (Cuartoscuro)
Francisco Mejía
Ciudad de México /

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) denunció el nombramiento de Gustavo Huerta Martínez, como vocero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) del ayuntamiento de Tijuana.

Él fue nombrado el pasado 7 de mayo pese a los antecedentes que en su momento fueron investigados y acreditados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según consta en la Recomendación 87/ 2011.

Huerta Martínez fungía en el 2009 como director de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, cuando “fue señalado como partícipe en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos de 25 policías municipales, quienes fueron detenidos, torturados y procesados por delitos que no cometieron”.

Dicho funcionario, junto con el teniente Coronel, Julián Leyzaola Pérez, ambos de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana “dieron la orden de detener a los policías, sin justificación legal”, según la CNDH. Los hechos, habrían ocurrido, entre marzo y abril del 2009.

“Posteriormente, ambos funcionarios entregaron a las 25 víctimas al Ejército mexicano quienes los torturaron por varios días en las instalaciones del 28º Batallón de Infantería, conocido como 'Aguaje de la Tuna' en la ciudad de Tijuana”.

En un comunicado de prensa, la CMDPDH, junto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, informó que dichos policías municipales fueron arraigados en instalaciones militares durante 40 días. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de pertenecer a la delincuencia organizada.

Sin embargo, más tarde fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Ni el ayuntamiento de Tijuana de aquel entonces, ni el gobierno de Baja California, aceptaron la Recomendación emitida por la CNDH.

Pero ahora “la designación de Gustavo Huerta Martínez como vocero de la SSPCM de Tijuana, no sólo contribuye a la impunidad, aleja al país de la posibilidad de erradicar las prácticas violatorias de derechos humanos, sino que constituye un agravio más para las víctimas”.

Ambos organismos no gubernamentales, piden la intervención de la CNDH para que sea destituido Huerta. 

jlmr 

LAS MÁS VISTAS