La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su Recomendación 89/2018, donde acusa a autoridades de Veracruz de haber incurrido en omisiones e irregularidades en la investigación del asesinato del periodista Pedro Tamayo, crimen ocurrido en el municipio de Tierra Blanca, en 2016.
Tamayo, de 45 años, fue asesinado a balazos el 20 de julio de 2016, pese a que contaba con protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz.
"El comunicador recibió disparos de arma de fuego, mientras se encontraba al exterior de su domicilio, por lo que fue trasladado al Centro Médico Regional, donde falleció", recordó la CNDH en el documento enviado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al fiscal Jorge Winckler Ortiz.
Los policías encargados de la vigilancia del periodista lo descuidaron y argumentaron que habían sido convocados a una reunión en otro lugar.
"Sin embargo, por el riesgo en que se encontraba el agraviado, el policía encargado debió asegurarse que otros elementos le reemplazaran y cumplieran con la medida para no descuidar la seguridad del periodista", señaló la CNDH.
Además, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal llegaron a la escena del crimen y tuvieron de cerca a los asesinos, pero "omitieron perseguir a los probables responsables".
La recomendación indica que hubo "irregularidades en la integración de la Carpeta de Investigación por agentes ministeriales de la Fiscalía de Veracruz".
La CNDH afirmó que se "acreditaron las violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad por omisión en la protección y auxilio en el ejercicio de la función de seguridad pública... y violación al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia", entre otros.
En la recomendación se pide al gobernador, entre otros puntos, "realizar un diagnóstico para determinar si el personal policial cumple con el perfil requerido y con la aprobación de los exámenes de control de confianza a que deben ser sometidos para su ingreso y permanencia".
El 28 de julio de 2016, un servidor público compareció y dijo que el periodista “era empleado de la Secretaría de Seguridad bajo el cargo de analista administrativo con funciones de campo, siendo su función recopilar información de los municipios de Tierra Blanca y Tres Valles; que la última información fue relacionada con un ‘levantón’ de un policía ministerial en el puerto de Veracruz”.
jbh