En los últimos tres años, la columna cívica Pedro J. Méndez ha ampliado su campo de acción en Tamaulipas, pasando de tres a siete municipios de la zona centro del estado donde han impuesto su ley con base en las armas.
Nacida como columna cívica en respuesta a los robos, secuestros, homicidios y otros delitos cometidos por integrantes del grupo delictivo de Los Zetas en 2010, los pobladores de Hidalgo, Villagrán y Mainero formaron una “policía civil”, luego que muchos pobladores habían abandonado sus propiedades huyendo de la violencia.
Octavio Leal Moncada, Tarzán, lidera al grupo que se armó para combatir a los delincuentes, quienes convirtieron los ranchos abandonados en narcocampamentos de entrenamiento.
A partir de 2016, el área de influencia del grupo de autodefensas se amplió a los municipios de San Carlos, San Nicolás, Padilla y Guerrero, y se les vinculó con el cártel del Golfo.
Tras un rompimiento entre Octavio Leal Moncada, Cesáreo Leal Pérez Perales y Eloy Flores, los tres con órdenes de aprehensión por delitos del fuero federal, se presentaron más situaciones de violencia.
Hay denuncias por despojos de propiedades, secuestros y homicidios de personas que no están de acuerdo con lo que sus líderes imponen. Familias del ejido Buenavista, en Hidalgo, han señalado que no les permiten salir de su localidad para comprar víveres o buscar algún médico, pues son atacados a balazos.
Policías estatales han acudido para escoltar a los vecinos a hacer algunas compras; sin embargo, en los últimos meses, las familias que han sufrido agresiones se quejan que al llamar al 911 ya no les contestan.
El 31 de mayo de 2019, Néstor Troncoso, activista que llevaba víveres a las familias de Buenavista, fue agredido por integrantes de la columna armada, cacheteado por la diputada Nohemí Estrella y semidesnudo fue obligado a retirarse del lugar escoltado por policías federales.
El 4 de julio del año pasado, apenas un mes después de las elecciones locales, un grupo de militares que hacían rondines de vigilancia fue retenido por la columna acusados de llevar ayuda a las familias de ese ejido en Hidalgo.
Siguen investigaciones
A cinco años de que elementos de la Policía Federal masacraron a nueve personas en la ciudad de Apatzingán, Michoacán, las investigaciones solamente han llevado a prisión a seis agentes.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha relacionado con la matanza al ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
El 15 de enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto designó a Castillo Cervantes como comisionado nacional para controlar a los grupos criminales en el estado.
El presidente Peña otorgó máximo poder al comisionado, quien actúo por encima de los gobernadores Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara.
Por ello, varios políticos michoacanos señalaron a Alfredo Castillo tras registrarse el ataque contra decenas de autodefensas que se encontraba en el exterior de palacio municipal de Apatzingán, en la madrugada del 6 de enero de 2015.
En entrevista posterior, a los hechos sangrientos, Castillo reconoció que sabía que se llevaría a cabo un operativo durante la madrugada en Apatzingán e informó que hubo nueve muertos y 44 detenidos.
Además, explicó que se registraron dos hechos: uno en el exterior de la presidencia municipal, donde hubo un muerto; y otro en la avenida Constitución, donde fallecieron ocho hombres más.
Según el ex comisionado, tripulantes de tres camionetas dispararon contra los uniformados federales, por lo que repelieron la agresión.
Esa versión fue rechazada por habitantes del centro de Apatzingán, donde se desarrollaron los hechos, pues manifestaron que las armas fueron “sembradas” por los policías federales.
Posteriormente, sobre la masacre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe para ejemplificar que en México ocurren ejecuciones extrajudiciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que hay serias inconsistencias en los hechos del 6 de enero de 2015, después de diversos peritajes en medicina forense, criminología y planimetría.
Tuvieron que transcurrir cuatro años y ocho meses para que la Fiscalía General de la República obtuviera de un juez de distrito un auto de formal prisión contra seis integrantes de la Policía Federal.
En su cuenta de Twitter, la FGR agregó que los policías están acusados por la probable comisión de delitos de homicidio, en cuatro casos, y también por homicidio en grado de tentativa.
Los policías fueron detenidos en agosto de 2019, en las alcaldías de Coyoacán, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en Ciudad de México.
RLO