Los esfuerzos para combatir a los cárteles del narcotráfico ha fallado debido a la confianza en funcionarios mexicanos corruptos, como Genaro García Luna, y a que las propias agencias estadunidenses ignoraron señalamientos al respecto, indica un reporte sobre operaciones extranjeras del senador Charles Grassley, copresidente del Caucus de Control Internacional de Narcóticos del Senado de Estados Unidos.
“Los esfuerzos para colaborar con México contra el crimen organizado han fallado debido a la gran confianza en operadores ocultos de cárteles dentro del gobierno mexicano, como Genaro García Luna”, indica el documento.
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En su reporte, el congresista detalla, entre otras cosas, que se ignoraron alertas. Entre ellas que embajada estadunidense tenía reportes de que, al menos desde 2010, el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba envuelto en temas de corrupción.
También de que el agente de mayor rango de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA en México, Iván Reyes Arzate, estaba en la nómina del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Además, indica que el gobierno estadunidense no realizaba suficientes inspecciones del equipo que donaba a autoridades mexicanas a través de la Iniciativa Mérida. Solo por parte del Departamento de Estado, para su presupuesto de 2024 solicitó 48 millones de dólares para su programa mexicano Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley.
En lo que también parece una queja al gobierno mexicano, explica que actualmente “agentes mexicanos son obligados legalmente a reportar interacciones con autoridades de Estados Unidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y proveer con el tema y objeto del contacto. Esto es un marco imposible de trabajar para las autoridades y demanda que el Congreso reevalúa su política en el hemisferio oeste.”
Ante esto, Grassley recomienda serias y polémicas medidas, por ejemplo, que la DEA pregunte a sus fuentes acerca de casos de corrupción y que incluya en su reporte este tipo de información. También recomienda reforzar sus procedimientos para compartir los resultados con las embajadas y el Congreso.
También recomienda a la DEA colaborar con legisladores para evaluar su programa de Unidad de Investigaciones Sensibles y sus prácticas de evaluación de agentes, para evitar que los recursos enviados a México sean usados por los cárteles. Y recuerda que en 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló la SIU mexicana por temas de corrupción.
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Grassley agregó nombres de funcionarios corruptos que se coludieron con cárteles mexicanos, comenzando con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encontrado culpable de 5 cargos relacionados con tráfico de cocaína y mentir a las autoridades migratorias estadunidenses, por haber participado en un esquema de sobornos del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva.
Otro mando que aparecen en el reporte es el ex comisionado general de la Policía Federal, Facundo Rosas, quien habría permitido el paso de cocaína por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a cambio de sobornos, según señalamientos de Jesús Reynaldo Zambada Garcíal, El Rey Zambada, un ex operador del Cártel de Sinaloa.
También se menciona al ex director de Seguridad Regional de la PF, Luis Cárdenas Palomino, acusado junto a Genaro García Luna en el mismo esquema de tráfico de cocaína, así como Ramón Pequeño García, ex titular de la División Antidrogas de la PF.
Al igual que el ex comandante de operaciones antidrogas, Édgar Millán, señalado por estar en la nómina del Cártel de Sinaloa y uno de los “confidentes” más importantes de García Luna, según autoridades estadunidenses, quien fue asesinado por órdenes del Cártel de los Beltrán Leyva.
El ex comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, Víctor Garay Cadena; Édgar Bayardo, ex comandante de operaciones antidrogas de la PF; y el ex jefe de la SIU en México, Iván Reyes Arzate, son otros señalados en el reporte.
Grassley apunta a que el problema creció con la implementación de la Iniciativa Mérida, en 2007, pues denunció que fue implementada por el gobierno de George W. Bush sin tomar en cuenta la opinión del Congreso de los Estados Unidos. Y que desde México la presión política para que no se condicionara el apoyo a México ante preocupaciones por corrupción, causó que la iniciativa se implementara sin medidas precautorias, a las carreras.
Por si no fuera suficiente, explicó que incluso Washington ya estaba preocupado porque la iniciativa fuera operada en México por funcionarios no confiables, por lo que, por ejemplo, en 2010 se entregaron 318 unidades de polígrafo con un valor de 2.4 millones de dólares a la Secretaría de Seguridad Pública para usarlos en el programa de Control de Confianza de los agentes mexicanos. Y que varios funcionarios de alto rango no fueron aprobados, además de que no había suficiente personal para evaluar a todos los agentes de seguridad mexicanos.
A nivel local. Grassley también recordó su propia denuncia a través de una carta de una aparente rivalidad entre la DEA y el FBI e HSI por la investigación en contra de Los Chapitos, al haberse retirado la agencia antidrogas de la investigación para presentar una propia en la Corte de Distrito Sur de Nueva York.
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HCM