Con 27 votos a favor y una abstención, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa presidencial para sancionar hasta con 53 años de prisión el uso de drones con el fin de cometer actos contra bienes o servicios públicos y privados, la integridad de las personas, o produzcan alarma, temor o terror en la población.
La iniciativa prevé modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para agravar las penas por la utilización de aeronaves pilotadas a distancia para arrojar cualquier objeto o artefacto explosivo, así como sustancias químicas sobre otras personas o bienes.
El dictamen fue turnado a la mesa directiva para su discusión y votación en el pleno.
Entre otros aspectos, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador tipifica como terrorismo el uso de drones para provocar alarma, temor o terror en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, mediante la utilización de sustancias tóxicas o explosivos.
Propone aumentar hasta en un tercio la pena de hasta 40 años de cárcel prevista para el terrorismo, alcanzando así un máximo de 53 años.
La misma sanción se aplicaría a quienes, con el uso de drones, impacten a alguna persona o propiedad con el propósito de causar daño.
En su exposición de motivos, la iniciativa presidencial subraya que, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, desde 2020 a la fecha se han reportado 605 ataques con drones, destacando los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Señala que la desagregación de los datos de dichos ataques demuestra un incremento exponencial en el uso de estos dispositivos.
“Tan solo durante el primer semestre de este año se han verificado 260 ataques de este tipo, es decir, 27 más que en todo el 2022. El incremento en la incidencia de estos hechos se representa en un 5 mil 100 por ciento, un grado de crecimiento que permite considerarlo como un fenómeno de alto impacto”, advierte.
Al fundamentar la abstención de Movimiento Ciudadano, la diputada Julieta Mejía sostuvo que la iniciativa es “totalmente punitivista” y aunque admitió la necesidad de regular el uso de drones, alertó sobre ambigüedades e imprecisiones en el articulado
“No vemos el sentido de aumentar una pena (por el uso de drones), cuando el delito es el mismo”, dijo.
El legislador Guillermo Huerta, del PAN, anticipó el voto de su fracción a favor del dictamen, pero llamó al gobierno federal a evitar el ingreso de armas de fuego al país y fortalecer el control sobre la importación y posesión de los drones.
Por el PRI, la diputada Sue Ellen Bernal coincidió en la necesidad de enfrentar las nuevas tecnologías en manos de la delincuencia organizada, pero sostuvo que no basta con triplicar o cuadruplicar las penas, si el Estado no tiene las herramientas para perseguir a la delincuencia.
En representación de Morena, la legisladora Andrea Chávez y su correligionario Hamlet García manifestaron el respaldo de su bancada a la iniciativa del Ejecutivo para actualizar el marco legal al uso de las nuevas tecnologías por parte de las organizaciones criminales.
RM