Integrantes de la Comunidad Gitana de México solicitaron la intervención de las fiscalías locales y de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la serie de extorsiones que aseguran ser víctimas, por parte de la banda denominada Los Yancovich o Los Julupesty.
De acuerdo con funcionarios locales y federales, los integrantes de dicha comunidad han presentado anteriormente denuncias, y ahora pedirán que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba para que conozca su problemática.
Explicaron que la banda de Los Yancovich está conformada por gitanos que radicaban en Centroamérica, cuyos miembros han sido detenidos en varias ocasiones por las autoridades de nuestro país, porque están relacionados con delitos de extorsión y homicidio.
A dicho grupo delictivo adjudican el homicidio del patriarca de la Comunidad Gitana, Pablo Rafael Luvinoff Arroniz, quien sufrió dos atentados antes de ser asesinado, y en uno de ellos murió su hija de 13 años.
Según los denunciantes, agregaron los funcionarios, a partir del asesinato contra su líder, se desataron una serie de delitos que van desde el robo y el secuestro exprés, hasta el cobro de piso a través de extorsiones y el homicidio.
Los afectados señalaron a las autoridades que han presentado denuncias, pero la mayoría de los integrantes de la comunidad no se atreven hacerlo por temor a represalias contra sus familias.
Según los denunciantes, Los Yancovich o Los Julupesty se dedican a realizar llamadas telefónicas a los domicilios de sus víctimas, a quienes solicitan entre 500 mil hasta dos millones de pesos. Los números residenciales los obtienen de los propios miembros de la comunidad que son amenazados.
En caso de que los gitanos, a los que buscan extorsionar a través de llamadas telefónicas, no atienden sus llamadas, los delincuentes se presentan en los inmuebles de sus víctimas para entregar teléfonos móviles; de esta manera los obligan a tener contacto y les advierten que, de no entregar el dinero, pueden hacerle daño a su familia.
Ante el aumento de números de casos de cobro de piso y la falta de respuesta de las autoridades, la Comunidad Gitana en México decidió pedir al presidente López Obrador que atienda su caso, para que se emprenda acciones para investigar y castigar a los miembros de Los Julupesty.
Antecedentes
En noviembre de 2005, Rafael Luvinoff y su hija Nancy, de 13 años, caminaban en calles de la colonia del Valle, delegación Benito Juárez. Un hombre se acercó a ellos y les disparó. La niña murió tras recibir un tiro en la frente.
Rafael Luvinoff fue trasladado al Hospital Ángeles Metropolitano, debido al balazo que recibió en el estómago.
El pastor dijo a los agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que lo habían amenazado de muerte.
En junio de 2008, el líder de la Comunidad de Gitanos sufrió un nuevo atentado, pero el sicario que recibió 70 mil pesos para cometer el crímen, se equivocó y mató a un lavacoches.
Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, quien indicó que, en el teléfono celular del gatillero, descubrieron cada una de las indicaciones que le dieron las personas que lo contrataron en el estado de Michoacán.
En septiembre de 2010, Rafael Luvinoff recibió un disparo en la cabeza en el interior del Hospital Médico General de Coyoacán. Había ingresado para atenderse de una cardiopatía.
Policía Federal
Por su parte, en 2018, la Policía Federal detuvo en el estado de Hidalgo a cuatro personas que presuntamente se dedicaban al fraude, a través de la contratación de créditos automotrices con documentos falsos, además de la clonación de tarjetas de crédito y débito.
Los sospechosos dijeron pertenecer a la comunidad gitana con antecedentes rumanos, pero ya nacidos en México y ofrecieron 20 mil pesos a los agentes para no ser detenidos.
La captura se realizó cuando los agentes llevaban a cabo labores de vigilancia y tuvieron contacto con una camioneta de color rojo que circulaba sin placas, a la altura del kilómetro 130+000 del Arco Norte.
Los federales pidieron al conductor detener su marcha y le pidieron la tarjeta de circulación y licencia de conducir, y en ese momento se detuvo un segundo vehículo cuyos tripulantes manifestaron que viajaban juntos.
En total, de ambos carros descendieron cuatro personas, dos hombres y dos mujeres quienes presentaron identificaciones del Instituto Nacional Electoral y dos licencias de conducir del estado de Guerrero, las cuales al ser consultadas en la base de datos del portal de finanzas del estado, se determinó que eran falsas.
Admitieron que la camioneta en la que viajaban tenía tres días de salir de una agencia de Irapuato, Guanajuato, gracias a un crédito obtenido con documentación apócrifa.
ledz