El pasado 30 de diciembre se publicó el Programa para Prevenir, Atender, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer 2021-2024 y aunque plantea varios ejes para tratar de erradicar este problema, cabe destacar que tanto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), así como las activistas, coinciden en que el principal problema es la falta de acceso a la justicia.
“Uno de los objetivos que se plantea es garantizar el acceso a la justicia, trabajar con las instituciones responsables de la impartición de justicia y aquí esto cae en la cancha de otro poder judicial que es autónomo al poder ejecutivo”, precisó Fabiola Alanís, titular de la Conavim en entrevista para MILENIO.
Quien también compartió esta opinión fue la integrante de Nosotras Tenemos Otros Datos, Patricia Olamendi, que dijo es fundamental que en las instituciones se aplique la perspectiva de género, pero además que se de un verdadero seguimiento a los casos más allá de pedirle a las mujeres que denuncien.
De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de julio de 2018 a la fecha se han reportado las cifras más altas de feminicidios, siendo agosto del año pasado el mes con más casos, ya que en un mes 108 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres.
Otros delitos que también reportaron su cifra más alta durante esta administración fue violencia familia con 23 mil 909 casos, violencia de genero con 400 casos, violación con 2 mil 17 casos, todos estos en un solo mes respectivamente; y la cifra se multiplica en todos los rubros si tomamos en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados.
“Más que un incremento es darse cuenta que existe, un solo feminicidio ya requiere toda la atención de las encargadas de la impartición de justicia y procuración de justicia para que ningún delito ocurrido en contra de las mujeres quede impune” dijo Fabiola Alanís, titular de la Conavim.
El programa cuenta con cuatro ejes: atender las causas de la violencia, garantizar el acceso a la justicia, la expansión de los servicios contra las mujeres y por último lograr que el tema de la violencia sea atendido por el Estado.
“El programa hace una crítica muy sería por supuesto al Poder Judicial y a los tribunales, en cuanto a que no están dando resultados, no hay un enfoque con perspectiva de género, pero tampoco va más allá de recomendar que se aplique la perspectiva de género”, sentenció Patricia Olamendi en entrevista para MILENIO.
Aunque el programa tiene un plazo de tres años, las colectivas consideran fundamental declarar ya una alerta nacional de violencia de género ante el veloz incremento en los casos y la inacción de las autoridades estatales y federales.
“Por nuestra parte también hay que decirlo pueden negar la alerta nacional pero en la vida real estamos en la alerta nacional, que todos los estados tienen solicitud de alerta y casi todos los municipios del país tienen solicitudes de alerta”, puntualizó, Patricia Olamendi.
KGE