Control del rastro de Chilpancingo, clave para fijar cuotas de extorsión: Obispo

Las huellas de sangre llevan al matadero municipal, donde se conoce cuánto compra una carnicería, pollería o salchichonería, lo cual permite establecer tarifas ilegales a negocios, revela el mediador de la tregua con el narco.

La narcoviolencia es el tema central en Guerrero | Fotoarte de Moisés Butze
Óscar Balderas
Ciudad de México /

Un cártel que domina un matadero de animales se convierte, de inmediato, en un proveedor de carne que conoce con exactitud cuántos kilos se venden en una pollería, carnicería y hasta salchichonería. Ese conocimiento vale oro, pues es la base para calcular cuánto se puede cobrar a cada local por derecho de piso hasta doblarlo, pero sin romperlo.

“Es el negocio que determina la extorsión”, afirma el obispo Salvador Rangel en entrevista con MILENIO. “Si cobras demasiado, quiebras el negocio y no te pagan. Pero si cobras lo necesario, tienes una fuente estable de ingresos. Por eso, un rastro municipal es importante”.

El obispo emérito de Chilpancingo lo sabe de primera mano: como uno de los principales negociadores de una tregua entre cárteles en la capital de Guerrero, lleva semanas reunido con autoridades estatales, municipales, pero también con líderes criminales de La Nueva Familia Michoacana, Los Tlacos, Los Ardillos  y más.

Ariel Ojeda / Milenio Diario

En los últimos días, cuenta, su trabajo ha sido desactivar la guerra que desató el control del rastro municipal de Chilpancingo, que es el origen de la disputa entre el grupo delictivo Los Ardillos y Morena, el partido de la alcaldesa Norma Otilia Hernández.

Según el obispo, la morenista incumplió con la promesa que hizo en campaña electoral de entregar la instalación de gobierno al grupo que lidera Celso Ortega Jiménez, acusado de ser un despiadado criminal y con quien la alcaldesa se reunió en un restaurante en octubre de 2021 y cuyo encuentro fue grabado y difundido en redes sociales.

“Son acuerdos que se hacen en tiempos electorales: tú me apoyas y yo te cedo un lugar en el gobierno”, resume el obispo.
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Pero cuando Norma Otilia Hernández llegó al poder, olvidó ese compromiso. Y la violencia comenzó a salpicar por todo el municipio. La alcaldesa ha esquivado pronunciarse sobre la veracidad de aquel supuesto pacto.

Salvador Rangel reconoce que los ataques políticos del líder de Los Ardillos a Morena tienen su origen en la ambición de Celso Ortega por controlar el rastro local.

“Sacrificadero de humanos”

Acuérdate de cuando eras niño —me pide Rosalinda— y evoca si alguna vez probaste una moneda. Ten presente ese sabor metálico, sucio y repelente. Pues ese sabor —reclama— se unta todos los días bajo la lengua de los vecinos de la colonia San Rafael Norte que viven a unos metros del invencible rastro de Chilpancingo, Guerrero.

Peor aún, hay un hedor que flota desde el matadero hasta las casas y se impregna en todo: fosas nasales, uniformes de los niños, trastes de cocina y el pelo de las mascotas. Huele a hierro, el olor de la sangre derramada, y a podrido, la peste de la carne olvidada. Por al menos 10 años, los vecinos han peleado por cerrar ese rastro, pero es intocable. La razón: no es un negocio del gobierno municipal, sino del crimen organizado.

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Pero Rosalinda, vecina de San Rafael Norte, tiene otra visión. Una más temible, pues además de la extorsión, el crimen organizado quiere controlar los rastros porque ahí asesina a sus enemigos.

Esa peste no es sólo de animales, asegura. Imagina —me pide— vivir junto al olor de restos humanos. Y las noticias le dan la razón.

En octubre de 2020, Guanajuato descubrió la fosa clandestina más grande, hasta entonces, en la historia del estado. La Comisión Nacional de Búsqueda la ubicó en el predio Rancho Nuevo en el municipio de Salvatierra, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación libra una violenta batalla por el territorio contra el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, nadie en la localidad ubica a la enorme tumba con esa dirección. Todos le llaman “la que está atrás del rastro municipal”. A espaldas de esa instalación de gobierno, 59 cuerpos fueron hallados y entre ellos, según la entonces comisionada nacional Karla Quintana, varios adolescentes.

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La mayoría de los cuerpos estaban desmembrados. Los cortes limpios y de tajo en las extremidades sugerían que los victimarios usaron herramientas pesadas e industriales, como las que se emplean en el matadero de animales a solo unos metros de la fosa. Para los peritos de la fiscalía local no había duda de que el rastro municipal de Salvatierra era también un macelo para humanos. Y estaba en poder de criminales.

En junio de 2022, la policía de la capital de Chihuahua localizó la cabeza de un hombre dentro de una cubeta que fue abandonada en las puertas del rastro municipal. El corte, otra vez, era uniforme y claramente definido. Imposible que fuera hecho a mano.

También se han encontrado fosas clandestinas y restos humanos en la periferia de rastros municipales en Jalisco, Sinaloa, Michoacán. Y desde diciembre de 2015, cuando 10 personas fueron asesinadas en el rastro municipal de Teloloapan y sus cuerpos tirados en la entrada del edificio, en Guerrero hay una historia negra entre la violencia y los mataderos de animales.

En Chilpancingo, no tenemos duda de que el rastro se usa como ‘sacrificadero’ de humanos”, dice Rosalinda, quien pide que su nombre real no sea utilizado. “Matan pollos, vacas, chivos, pero también personas. Y lo sabe el señor obispo y lo saben todas las autoridades: de noche se meten personas sospechosas, se escucha música de madrugada y al día siguiente hay una peste… como a muerto”.

El gobierno pone las herramientas; los criminales las víctimas de homicidio.

Robo de ganado

Hay otra razón por la que los rastros municipales son de interés de grupos delictivos: ahí se deshacen de la evidencia del abigeato, o robo de ganado, otra fuente de ingresos para los cárteles calculada por organizaciones ganaderas en miles de millones de pesos al año.

Hace años, los “cuatreros” o “abigeos” eran ladrones que solían organizarse en grupos y robaban por la madrugada desde vacas y caballos hasta puercos y ovejas. Usualmente lo hacían sin violencia, rompiendo rejas y cercos, incluso ayudados por perros ovejeros que guiaban a los animales hacia nuevos corrales. A pesar de no lastimar o matar personas, los “cuatreros” podían arruinar haciendas y familias enteras.

Ariel Ojeda | Milenio

En la actualidad, los ladrones de ganado son integrantes de grupos delictivos con un alto poder de fuego y de ejercicio de violencia. Y ya no necesitan la noche para llevarse los animales que no son suyos. Se exigen como cuota de extorsión a empresarios y familias o como pago en especie para completar el rescate de una persona secuestrada.

En Guerrero, era conocido y temido el modus operandi de Raybel Jacobo de Almonte, líder asesinado de Los Tequileros , una escisión de Los Guerreros Unidos: apenas veía que una familia compraba o llevaba ganado a su rancho para crianza o venta, se apersonaba con un rifle en la mano. “Tú decides: o me das a las bestias o te las quito y me llevo a un familiar”, solía reclamar el narco asesinado en 2018.

Luego, llevaba los animales a los rastros que hay en Tierra Caliente y que controlaba su grupo criminal, los mataba y vendía su carne a dueños de locales de mercado, tianguistas, carniceros, polleros, taqueros, y más, quienes estaban obligados a comprarle sólo a él la materia prima de sus negocios. Y de la venta diaria, Raybel Jacobo de Almonte todavía le quitaba a sus “clientes” un porcentaje por “derecho de piso”.

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Sólo el año pasado, el Sistema Nacional de Seguridad Pública  contabilizó 2 mil 734 denuncias de robo de ganado. Este año, durante enero, van 252. La información pública no detalla cuántas cabezas de ganado son robadas en cada carpeta de investigación.

Pero si se considera que el delito de abigeato no es denunciado en el 98 por ciento de los casos, la cifra de animales escondidos y asesinados en los rastros municipales controlados por el crimen organizado puede contarse en cientos de miles al año.

Los capos piden rastros

La voz del obispo Salvador Rangel no es la de cualquier sacerdote, sino la de un rebelde que nació hace 77 años en Tepalcatepec, Michoacán, también en la región llamada Tierra Caliente, donde el crimen organizado se mueve a sus anchas.

Desde que llegó en 2015 desde Huejutla, Hidalgo, a la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, el religioso católico y miembro de la Orden de Frailes Menores se caracterizó por buscar acuerdos con criminales para proteger a sacerdotes, monjas y feligreses.

“Hay grupos criminales que le piden a las autoridades municipales que les dejen nombrar al jefe de la policía. O a regidores o directores de áreas importantes y de donde se saca dinero. Y hay otros que piden los rastros. Casi nadie se ha dado cuenta de eso”, dice el obispo.
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Hasta junio de 2018, el gobierno de México reconoció que operan, legalmente, mil 155 centros de sacrificio animal, de los cuales 77 por ciento son municipales, 13 por ciento son privados y el resto, apenas 10 por ciento, son TIF, es decir, certificados y revisados por la federación a través del Servicio Nacional de Sanidad, Calidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Según el religioso, la alcaldesa morenista de Chilpancingo prometió desde su campaña a un grupo de empresarios locales —cuyo nombre dijo desconocer— que les entregaría el negocio del rastro para su remodelación y manejo. El acuerdo tenía implícito que esos contratistas podrían poner a disposición de cualquier grupo criminal las nuevas instalaciones del gobierno.

En el sitio web del Congreso de Guerrero está el valor formal de ese negocio: 95 millones de pesos del erario, según el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 bajo el mandato de Norma Otilia Hernández, que se pagarían a privados para que el rastro municipal tenga una certificación TIF, supuestamente en beneficio de los habitantes de la zona metropolitana de Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri y Tixtla, Guerrero.

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“El inmueble (...) es obsoleto, generando problemas sociales y de salud para toda la capital del Estado”, se lee en el documento. El beneficio, asegura el documento, es el “abatimiento de rezagos ecológicos y contaminación”.

Se trata del proyecto estratégico más caro de los 11 presentados en el plan municipal: es seis veces más que el presupuesto para construir un nuevo hospital del ISSSTE y casi ocho veces más que el costo para edificar una nueva central de transporte foráneo.

El otro valor del negocio de los rastros es informal, coinciden Rosalinda y el obispo Salvador Rangel: es el valor de la muerte y el miedo en Chilpancingo.

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