La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por el momento no conocer los amparos promovidos por Federico Sarabia Pozo, quien mantiene una batalla legal por la administración legal de la Cooperativa Cruz Azul y contra quien existen dos órdenes de aprehensión.
Sarabia Pozo buscaba que la Corte revisara las sentencias dictadas por un juez federal, quien por una parte decidió no estudiar parte de sus demandas, y por otra, lo amparó solo para protegerlo de ciertos actos de autoridad.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal comunicó al quejoso la decisión tomada por la Primera Sala, la cual desechó su petición, luego de que ni uno de los ministros quiso hacer suya la petición de atraer los asuntos por falta de legitimación para hacerlo.
Ahora, el Tribunal Colegiado continuará con el estudio de ambos juicios de amparo y en los próximos días dará a conocer sus resoluciones.
Federico Sarabia ha manifestado que el conflicto que vive la Cooperativa Cruz Azul entre el grupo de disidentes y los socios debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a las presuntas irregularidades cometidas por jueces locales.
Contra él existen dos órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de fraude procesal (por su actuación al frente del Consejo) y fraude genérico (por la comercialización de cemento en la Planta de Hidalgo).
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El pasado 27 de abril, un “grupo de choque” que partió de la Ciudad de México intentó apoderarse de la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, en Tula, Hidalgo, incidente que dejó ocho personas muertas, siete de las cuales presuntamente formaban parte de los agresores.
La planta cementera se encuentra bajo el control de Federico Sarabia Pozo y Alberto López, quienes aseguran ser los presidentes de los consejos de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa, mismos que mantienen una batalla legal con el grupo que encabeza José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, mismos que también dicen ser los únicos consejeros.
Tras el incidente, ambas partes se acusaron mutuamente. Federico Sarabia y Alberto López responsabilizaron a José Antonio Marín y a Víctor Manuel Velázquez de ser los presuntos responsables de los actos de violencia que se suscitaron y pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Por su parte, el grupo que lidera José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez condenaron los hechos de violencia y señalaron que todas las acciones en contra del concejo encabezado por Federico Sarabia, las realizan por la vía legal, privilegiando los canales institucionales, la certeza jurídica y la integridad física de los socios.