Con una sobrepoblación promedio de 37 por ciento en los penales de todo el país, estos espacios son un riesgo de contagio masivo de covid-19, ante lo cual los familiares señalan que no hay suficientes medidas preventivas ni certeza alguna sobre el protocolo a seguir una vez que se dé un contagio.
De acuerdo con una encuesta de la Asociación Civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, realizada a 600 familiares en penales, estos manifestaron que no hay agua corriente, gel antibacterial, guantes ni cubrebocas.
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Por ello está asociación ingresó una petición administrativa al Sistema penitenciario de la Ciudad de México para aplicar el artículo 146 la Ley Nacional de Ejecución Penal que señala seis posibles casos en los que podría otorgarse preliberación a personas privadas de su libertad.
"La Autoridad Penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la conmutación de pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo a alguno de los siguientes criterios", dice la ley y enseguida enumera en y describe los casos.
Por ejemplo, en delitos cuya pena sea menor a cinco años y el delito se haya cometido sin violencia; en caso de acusados por delitos patrimoniales cometidos sin violencia o de delitos culposos.
También por motivos humanitarios cuando se trate de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleven compurgando o les falte por compurgar de la sentencia; entre otros.
De acuerdo con Lucía Alvarado de Documenta, aunque el protocolo de salud en los penales ante el covid-19 apenas se dio a conocer ayer, la encuesta que aplicaron muestra la incertidumbre en la que vive este segmento de la población.
"Tienen nulo o pésimo servicio médico, no tienen agua corriente, la comida que les dan es insuficiente por eso la familia les lleva alimentos, agua y medicamentos pero en algunos ya se restringió la visita en otros se disminuyeron a 2 días y redujeron las horas.
"Pero nada de eso garantiza que no se vayan a contagiar y hasta ahora no sabemos dónde son las áreas de aislamiento donde se atenderán los casos de infectados", dice Lucía Alvarado Coordinadora del Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) de Documenta.
Además de los casi 189 mil reos en todo el país, entre ellos hay grupos vulnerables que requieren atención especial: por ejemplo, los 54 menores que viven con sus madres, los 875 adultos mayores, los 448 con discapacidades, 511 con discapacidad psicosocial, 176 con VIH Sida, 379 indígenas, 9 mujeres embarazadas y 499 integrantes de la comunidad LGBTTT+, tan sólo en la ciudad de México. Ellos son además un foco de riesgo para casi 40 mil empleados administrativos y custodios de todo el país.
"Por eso es alarmante la situación que nos revela la encuesta, información insuficiente, medidas inadecuadas, falta se insumos. A algunos familiares se les toma la temperatura al entrar, pero a las personas privadas de su libertad no", indica Alvarado.
irh