De acuerdo con el Informe de Trata de Personas 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos presentado este jueves, en México la corrupción relacionada con la trata sigue siendo motivo de preocupación.
“Algunos funcionarios del gobierno se confabulan con los traficantes o participan en delitos de trata (…) Algunos funcionarios de inmigración, presuntamente, aceptan pagos de los traficantes para facilitar la entrada irregular de víctimas extranjeras de trata a México”, detalla el documento.
Según la cancillería estadunidense, el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, “pero está haciendo esfuerzos importantes para lograrlo”.
“El gobierno demostró esfuerzos crecientes en general en comparación con el período del informe anterior, considerando el impacto de la pandemia de covid-19 en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, México permaneció en el nivel 2”, advierte el documento que analiza la situación global de la trata de personas.
El Departamento de Estado plantea un semáforo de cuatro niveles que va del nivel 1 (identificado con el color verde) al nivel 4(identificado con el color rojo), en donde clasifica a los países incluidos en el informe respecto a la situación que se vive en su territorio en cuanto a la trata de personas.
México se encuentra desde el 2014 en el nivel 2 (identificado con el color amarillo) junto a otros países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, República Dominicana y Brasil. En rojo o nivel 4 están Venezuela, Cuba y Nicaragua.
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Entre los esfuerzos que emprendió México para enfrentar a la trata de personas en su territorio durante el 2020, según destaca el informe, está condenar a más traficantes, proporcionar fondos a organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan refugios de trata y el aumento de los trabajos de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para recopilar inteligencia en apoyo de las investigaciones y enjuiciamientos relacionadas con este delito.
“Sin embargo, el gobierno no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave".
"El gobierno no procesó ni condenó a ningún funcionario público por complicidad en delitos de trata, tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzado y no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas requerido por ley”, contrasta el reporte.
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Entre algunas de las recomendaciones que hace el Departamento de Estado, con carácter prioritario, al gobierno mexicano para reforzar el combate a la trata de personas está: desarrollar e implementar procedimientos estandarizados para que los funcionarios de primera línea identifiquen de manera proactiva a las víctimas entre los grupos vulnerables.
Incluidas las personas que practican sexo a cambio de dinero, los niños detenidos por actividades ilícitas relacionadas con pandillas, los médicos cubanos activos en el país y los migrantes.
También recomienda desarrollar, implementar y financiar un plan de acción estratégico nacional sobre servicios a las víctimas, en consulta con organizaciones internacionales y ONG, que incluya refugios, servicios integrales y apoyo a la reintegración para todas las víctimas, incluidos hombres, mujeres, niñas y niños, personas LGBTQI + y personas indígenas.
DMZ