La ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que durante el primer año al frente del Alto Tribunal se privilegió la independencia judicial, la imparcialidad, la proporcionalidad, así como la interpretación que más beneficia a las personas.
La Corte adelantó parte del informe que la ministra rendirá el próximo jueves, en el que se menciona que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destinó mil 603 millones de pesos en la Política Nacional Anticorrupción.
“Atendió 391 denuncias por corrupción y nepotismo, se llevó a cabo la vinculación a proceso de un magistrado federal, un chofer de ex funcionario público y un secretario particular, se cuenta con siete carpetas de investigación en trámite iniciadas contra juezas, jueces, magistradas y magistrados”, detalla el documento.
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Asimismo, como parte del combate a la corrupción, en la Corte se formalizó e integró el Comité de Ética Conjunto del PJF, con el propósito de desarrollar un Código de Ética aplicable a todo su personal, así como de coordinar y supervisar las acciones para su implementación y difusión.
Destacó que inició un proceso de rediseño institucional que permitió un uso eficiente y articulado de todos los recursos económicos, humanos, físicos y tecnológicos.
“Para 2023, la Corte contó con una asignación presupuestal de 5 mil 630.6 millones de pesos, de los cuales se estimó un avance de 95% en su ejercicio, al 15 de noviembre de 2023. Asimismo, las políticas de control de gasto y racionalidad permitieron ahorros anuales por 82 millones de pesos”.
En cuanto a los procedimientos de responsabilidad administrativa, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) ha tramitado 431 asuntos.
En tanto, en el tema de independencia judicial, el CJF mejoró el proceso de supervisión de la Visitaduría Judicial, que recibió 4 mil 80 quejas y denuncias contra personas servidoras públicas.
Así como 893 quejas, para el ejercicio fiscal 2023, el 85% del Presupuesto de Egresos de la Judicatura se destinó al Programa de Impartición de Justicia.
Por su parte, La Escuela Federal de Formación Judicial concluyó 15 procesos de selección con 4 mil 624 personas vencedoras, 52% mujeres y 48% hombres.
Realizó programas de capacitación para 26 mil 389 personas del PJF, de las cuales 17 mil 372 son de órganos jurisdiccionales, 7 mil 860 de áreas administrativas y mil 157 de la defensoría pública; destaca la formación de 10 mil 201 personas con el cargo de Oficial Judicial, mil 349 Actuarias y Actuarios y 2 mil 730 secretarias y secretarios.
A su vez, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) brindó 55 mil 299 servicios de asesoría jurídica en todo el país: 9 mil 185 a personas migrantes, 8 mil 161 personas adultas mayores, 86 personas con discapacidad, 546 personas originarias de pueblos y comunidades indígenas.
Por lo que hace a la Unidad de Prevención y Combate a la Violencia Laboral y al Acoso Sexual, en colaboración con la Escuela Judicial realizó 11 cursos y dos talleres de capacitación en materia de hostigamiento y acoso sexual y violencia de género, así como pláticas y cursos sobre violencia laboral.
RM