La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión de las dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas, que impugnan el desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Fuentes judiciales aseguraron que los dos proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quedaron en lista debido al proceso electoral que se registrará el próximo 5 de junio en la mencionada entidad. Aunque el ministro no ha hecho público los proyectos, comentaron que en caso de que se le dé la razón al Congreso estatal, el fuero del gobernador prevalecerá y no se podrá ejecutar la orden de aprehensión.
Se trata de las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021. La primera tiene que ver con la resolución de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia y que ordenó retirar la inmunidad al gobernador. La segunda está relacionada con la solicitud de orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador, misma que fue otorgada por Iván Aarón Zeferín Herández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.
En noviembre de 2021, Faustino Gutiérrez Pérez, juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, amparó al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, sentencia que impide a la FGR ejecutar la orden de aprehensión que existe en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, esto hasta en tanto la Corte resuelve sobre su inmunidad.
El juez Gutiérrez Pérez señaló que se violaron los derechos del gobernador porque están en curso controversias constitucionales que la Corte resolverá sobre su inmunidad. El otro escenario para que el gobernador pueda ser detenido por la FGR, detalló el juzgador, es que concluya su mandato, lo cual ocurrirá hasta octubre de este año.
La Corte dio entrada a las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso del estado de Tamaulipas. El juzgador dijo que optó “por proteger el interés social”, porque “la gravedad de los hechos con apariencia de delito” que se le imputan al mandatario estatal, “no pueden estar por encima de la inmunidad procesal”. Asimismo, la ministra de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, propuso que se resuelva si son o no inatacables las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaratorias de procedencia.
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