La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la constitucionalidad del acuerdo que publicó la Secretaría de Salud el año pasado, con el cual se ordenó a los gobiernos estatales colaborar en la implementación de la política nacional de vacunación contra el covid-19, y en el cual se excluyó a los gobiernos municipales.
Por unanimidad, los ministros avalaron la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de declarar infundada la controversia constitucional promovida por el alcalde de Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas del Villarreal.
El panista impugnó el acuerdo y pretendía que se les permitiera adquirir las vacunas anticovid, con el propósito de que personal especializado, las aplicara de manera gratuita a la población residente en su jurisdicción, mediante los procedimientos y protocolos autorizados.
Sobre este caso, el año pasado, la Segunda Sala de la Corte rechazó suspender la política del gobierno federal que impide a los municipios comprar sus propias vacunas contra el coronavirus.
En esa ocasión, la Sala avaló el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien confirmó la decisión de su homólogo Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro instructor de la controversia, de negar la suspensión solicitada.
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La Sala consideró que el propósito de la solicitud de la suspensión no trató en preservar derechos de los habitantes del municipio, sino en que se pueda comprar o adquirir mediante acuerdo de coordinación la vacuna contra el covid-19.
Los ministros coincidieron que el objetivo del acuerdo de la Secretaría de Salud es que las autoridades sanitarias estatales, es decir, los gobiernos de las entidades federativas y no los municipios, sean quienes colaboren en la implementación de la política de vacunación.