Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhibirá la omisión en que incurrieron las autoridades mexicanas, debido a que no otorgaron la atención necesaria para resolver la situación migratoria de un menor de edad que llegó a nuestro país sin acompañamiento y que solicitó refugio.
El ministro propondrá a la Primera Sala otorgar un amparo a un hondureño que acaba de cumplir la mayoría de edad, y que desde hace seis años entró a México huyendo de la violencia en su nación.
Autoridad no reconoció condición de refugiado
El ministro destaca que el quejoso vivió los últimos años de su adolescencia en una situación migratoria irregular, sin una red de apoyo cercana, con un acceso mínimo a recursos económicos y de otra índole, como salud, educación, trabajo, hogar estable, entre otros, y sin una atención especializada en su formación como futuro adulto joven.
El proyecto menciona que, en 2016, el adolescente solicitó el reconocimiento de su condición de refugiado en México, porque en su país sufría amenazas por parte de pandillas, y por el contexto de violencia familiar en que vivía, lo que ponía en riesgo su vida, libertad e integridad.
Sin embargo, en enero de 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados (COMAR), a través de su delegación en Chiapas, resolvió no reconocer su condición de refugiado, ni otorgar protección complementaria.
El adolescente promovió un amparo contra diversas autoridades en materia migratoria, de asilo y de niñez, de quienes reclamó una serie de omisiones que, en general, están orientadas a señalar la falta de adopción de medidas reforzadas de protección a su favor, así como un acompañamiento jurídico e inadecuado en el desarrollo de su procedimiento de solicitud de condición de refugiado.
En la demanda, manifestó que tales omisiones vulneran en su perjuicio los derechos de infancia en contextos de movilidad internacional, el derecho al debido proceso y la integridad física y psicológica, lo cual lo han colocado en una situación de grave riesgo en su derecho a la vida.
El ministro propone declarar fundados cada uno de los alegatos del quejoso, porque según documentos oficiales, está acreditado el mal actuar de las autoridades mexicanas.
En el expediente se menciona que la delegada en Chiapas de la COMAR, se limitó a informar, únicamente en tres ocasiones durante todo el trámite, a la procuradora regional sobre el estatus del procedimiento de asilo del quejoso. No obstante, el personal de la COMAR, “en ningún momento, llevó acciones tendentes a garantizar que el quejoso tuviera una representación jurídica especializada” que le acompañara y defendiera.
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Policía pidió que se entregara
Ortiz Mena destaca que el menor intentó volver al Albergue Temporal de Menores Migrantes (ATMM) del DIF Chiapas, pero se le negó la entrada y la policía le pidió que se entregara a las autoridades de migración. El menor escapó y desapareció por cuatro meses, hasta que fue localizado en otro albergue.
En caso de ser aprobado el proyecto, la COMAR tendrá que dejar sin efecto todas las actuaciones dentro del expediente del joven, así como cualquier trámite de deportación, y que se lleve a cabo un nuevo procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de la protección complementaria. Asimismo, se ordena que este trámite sea atendido de manera prioritaria.
“…dada la tramitación del nuevo procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, las autoridades migratorias, en el ámbito de sus competencias, deberán renovar la condición de estancia de visitante por razones humanitarias del quejoso, hasta en tanto no se resuelva su situación migratoria”, puntualiza el ministro.
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