La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición del General Brigadier Juan Manuel Barragán Espinosa, quien solicitó la atracción de su caso con la intención de revocar la sentencia de 15 años de prisión que le fue dictada por colaborar con el cártel de Sinaloa con la intención de sobornar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.
De acuerdo con la investigación de la Procuraduría General de la República, Barragán Espinosa solicitó 149 millones dólares para “comprar” el ex secretario de la Defensa, pero antes pidió para él, dos relojes de oro marca Rolex y 10 millones de dólares.
La decisión de la Primera Sala de la Corte se publicó el 6 de junio del presente año; el motivo por el cual se desechó la petición fue por la “falta de legitimación de la parte solicitante”.
Dicho asunto regresó al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, quien tendrá que resolver si ampara o no al general contra la condena y la multa de 15 mil 14 pesos que se le impuso.
El año pasado, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, ratificó la sentencia dictada por Horacio Óscar Rosete Mentado, juez Octavo de Distrito de Materia Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México.
De acuerdo con las investigaciones de las procuradurías de Justicia Militar y General de la República, Barragán Espinosa estableció contacto con el cártel de Sinaloa, organización criminal que buscaba protección y acceso a información delicada para evitar la captura de sus principales líderes, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán.
El general, señala el expediente, solicitó 149 millones dólares para el secretario de la Defensa.
Un integrante del cártel de Sinaloa también declaró que él “traía el mandato” de ofrecer 15 millones de dólares a la ex titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, a cambio de protección.
Como parte de este caso, el 4 de mayo de 2016, la Primera Sala de la Corte otorgó un amparo y revocó la sentencia de 10 años de prisión dictada contra el abogado Jaime Lemus García, acusado de ser intermediario con mandos del Ejército, para tratar de sobornar a los ex titulares de Sedena y PGR.
Con tres votos a favor y dos en contra, la Sala avaló que el asunto fuera devuelto al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, para que emitiera otra resolución en la que determinara que la detención del litigante fue ilegal, y por tanto, la declarara nula, así como ilegales las pruebas que se relacionen de manera inmediata y directa con la misma, para luego resolver lo que en derecho proceda.
La Primera Sala no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad del abogado, sino que sólo se manifestó en el sentido de que se violó el debido proceso.
Según el expediente del caso, la reunión para acordar cómo sobornar al titular de la Sedena se realizó el 21 de noviembre de 2011, en la oficina del abogado; el 21 de diciembre del mismo año, se concertó una cita con un funcionario de la PGR, al que se le entregó una bolsa de marca de diseñador en cuyo interior había 12 mil dólares enviados por parte “del patrón” (Joaquín El Chapo Guzmán).
El enviado del cártel de Sinaloa preguntó al funcionario de la PGR “cuánto costaba el acercamiento” con la titular de la Procuraduría, “pues traía el mandato de 15 millones de dólares”, a lo que el funcionario respondió que era muy poco dinero.