La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la demanda del gobierno del Estado de México contra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por el registro de cifras poblacionales que llevaron a la reducción de 4 mil millones de pesos en las participaciones federales para la entidad.
Por mayoría de tres votos, la Segunda Sala del máximo tribunal del país dio la razón al Inegi, el cual consideraba que la controversia del gobierno del Estado de México fue extemporánea, y por tanto debería desecharse.
“Es fundado el recurso de recurso de reclamación, se revoca el acuerdo recurrido”, determinó la Segunda Sala de la SCJN a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán y con los votos en contra de los ministros Luis María Aguilar y Javier Laynez.
En su demanda, el gobierno mexiquense argumentó que la reducción de un millón 58 mil habitantes que arrojaron los datos del Censo de 2020 implica una disminución de 4 mil 328 millones anuales en sus participaciones federales.
La propuesta del ministro Pérez Dayán concluyó que las cifras de cualquier estudio del Inegi pueden apelarse mediante los recursos previstos en la Ley del Sistema Nacional de Información y Estadística y Geografía, lo cual no hizo el Estado de México.
DMZ