La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar una versión pública de los acuerdos que tomó entre 2014 y 2020 para dejar de bloquear las cuentas bancarias de distintas personas.
Tras discutir un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, el Pleno de la Corte avaló el proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat, quien señaló que la entrega de esta información no pone en riesgo la seguridad nacional como alegó la Consejería Jurídica de la Presidencia.
“Se concluye que, en este caso, no se pone en riesgo la seguridad nacional por la circunstancia de que se entregue la información solicitada, pues se ordenó testar la parte relativa que pueda hacer identificable a las personas eliminadas de la denominada lista de personas bloqueadas. Además, se toman en cuenta elementos importantes tales como que la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera no adujo que existiera un riesgo a la seguridad nacional”, dijo Ríos-Farjat.
De acuerdo con antecedentes, un ciudadano presentó una solicitud de información el 15 de junio de 2020 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la cual depende la UIF, demandando la entrega de la documentación, pero le fue negada.
Ante esta decisión, promovió un recurso ante el INAI, organismo que el 22 de septiembre del mismo año resolvió que la UIF tenía que entregar al solicitante una copia de los documentos, pero testando datos personales y nombres de las personas.
Lo anterior propició que la Consejería Jurídica de Presidencia presentara el recurso de revisión ante la Corte, bajo el argumento de que la entrega de dicha información pondría en riesgo la seguridad nacional.
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El pasado martes, la Corte también dio luz verde a una resolución del INAI que ordena al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregar a un particular los documentos relacionados con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de la Ciudad de México y las elecciones de 2012.
La Corte declaró infundado el recurso de revisión promovido por la Consejería Jurídica, misma que argumentó que hacer públicos los documentos afectaría y pondría en riesgo la seguridad nacional porque López Obrador actualmente es el presidente de la República.
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