La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un proyecto de sentencia que proponía declarar inconstitucional que el titular de la Procuraduría General de la República pueda solicitar directamente a una institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información de cualquier ciudadano que se presuma está cometiendo delitos de defraudación fiscal o lavado de dinero, sin necesidad de solicitar autorización judicial.
Por el momento, los asuntos relacionados con este tema que continúen llegando a la Primera y Segunda Sala de la Corte, serán resueltos bajo sus propios criterios, es decir, la primera declarando inconstitucional y la segunda avalando la norma, respectivamente.
Para ejemplificar, el criterio de la Primera Sala ha permitido que personajes como Elba Esther Gordillo y el futbolista Rafael Márquez hayan obtenido amparos al declararse ilegal que la PGR solicite información de manera directa sin autorización de un juez.
La PGR aún tiene pendientes casos similares por resolver y que teme que se le vengan abajo, entre ellos, los de los ex colaboradores del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; la cantante Belinda; el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por el caso de Odebrecht, por mencionar algunos.
Hoy, en una votación dividida, seis de los 11 ministros votaron en contra de la propuesta de su homólogo José Ramón Cossío Díaz, quien presentó su último tema al Pleno, porque el próximo 30 de noviembre pasará al retiro.
Sin embargo, debido a que cada uno de los ministros tiene una visión distinta de la fracción primera del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, propuso desechar el proyecto y que éste sea returnado a un ministro de la mayoría que contenga los puntos de vista aportados, para que el tema pueda volver a ser analizado.
No obstante, falta saber si con la nueva integración de la Corte, porque habrá un nuevo ministro que ocupará el lugar de Cossío y en febrero próximo la ministra Margarita Luna Ramos también pasará al retiro, los dos nuevos integrantes se suman al criterio de la mayoría que considera constitucional dicho artículo.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que el momento que se vive hoy en el país, particularmente la lucha contra la delincuencia organizada, la autoridad ministerial puede solicitar la información bancaria de cualquier ciudadano, aunque después la información solicitada no se sostenga, es decir, que no se demuestre que no se está cometiendo algún delito.
En la sesión del pasado lunes, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea manifestó que dicha fracción del artículo es inconstitucional porque se viola la intimidad y si la información cae en manos erróneas, puede prestarse a casos de secuestro y extorsión.
“Me parece que se está afectando claramente el derecho a la intimidad, así como parte de la intimidad de los ciudadanos o de los habitantes de este país está su domicilio, sus comunicaciones telefónicas o de cualquier otro tipo.
"Me parece también que su estado financiero, sus cuentas bancarias, la información que tienen las instituciones del sistema financiero mexicano, afectan el derecho a la intimidad de todas las personas, quizás sea hasta más delicado –para una persona– que se tenga una información de lo que tiene en el banco, que si se filtra una conversación que tuvo con una novia o con cualquier otra persona, no necesariamente todo lo que está en comunicación privada puede generar problemas”, expresó Zaldívar.
jbh