La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó que la ministra presidenta Norma Piña Hernández haya incurrido en una dilación injustificada como aseguró la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual argumentó que no ha turnado a un ministro los recursos de reclamación con los cuales se busca echar abajo el freno impuesto a la distribución de libros de textos en el estado de Coahuila.
La Corte indicó que, mediante acuerdo del pasado 5 de septiembre, se turnaron a la Primera Sala, los recursos de reclamación derivados de la controversia constitucional 412/2023, presentada por el gobierno de Coahuila.
“El pasado 5 de octubre, la presidencia de la Primera Sala tomó conocimiento del asunto y lo remitió a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, al cual se le turnó el expediente electrónico el pasado 9 de octubre y quien designó como secretario proyectista a Marat Paredes Montiel, con fundamento en el artículo 53 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, detalló.
El máximo tribunal de justicia del país puntualizó que esta información es pública y cualquier persona puede conocerla a través de los sistemas de consulta públicos con los que cuenta la Corte, específicamente de la Primera Sala.
Los recursos de reclamación fueron interpuestos por la Consejería Jurídica contra la admisión de la controversia constitucional que presentó el Poder Ejecutivo de Coahuila contra de la distribución de libros de textos gratuitos en el estado, misma que admitió a trámite el ministro Luis María Aguilar Morales y concedió la suspensión.
La Consejería Jurídica de Presidencia emitió un comunicado donde enfatizó que, a más de 30 días, la Secretaría General de Acuerdos, que depende directamente de la presidenta de la Corte, no ha remitido el expediente respectivo, lo que constituye una dilación injustificada en la impartición de justicia, que trasciende en perjuicio de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila, quienes a la fecha no cuentan con los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), necesarios en su formación académica, sin ponderar las consecuencias negativas en las actividades de los escolares de educación básica en la entidad.