El lunes 28 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, y el fiscal del caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, de la Fiscalía General de la República (FGR), presentaron nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Durante el informe, destacan cuatro líneas de investigación que surgieron del reanálisis de documentos y registros telefónicos, con una metodología que incorpora elementos técnicos y científicos para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Esto permitió ordenar, relacionar y contrastar los datos reunidos durante 12 años, con una nueva mirada, para identificar indicios que antes no habían sido advertidos o investigados a fondo. MILENIO te presenta las cuatro nuevas líneas de investigación.
Implicados en la desaparición de los estudiantes
La primera línea de investigación trata del análisis de las comunicaciones que permitió identificar patrones, no conocidos, de 17 nuevos objetivos que ahora son personas de investigación.
Precisamente hablando de los presuntos implicados, se sabe que una de los sospechosos y su familia eran propietarias de funerarias, concesionarias del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
En agosto de 2025 se estableció que el dueño de la funeraria utilizó el teléfono perteneciente a un estudiante.
"Esto motivó diversas acciones en octubre de ese año, entre ellas la ejecución de cateos realizados a las instalaciones de las funerarias y el Semefo localizando un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial, así como irregularidades graves en la operación del Servicio Médico".
Esto motivó a que se iniciaran acciones de búsquedas en el Semefo, lo que permitió recuperar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos, los cuales permanecen bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas.
Además, por petición de las madres y padres de los 43 normalistas, se le dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.
También reconstruyó vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
"Entre los hallazgos, se detectaron llamadas entre miembros de esa organización criminal y personal de establecimientos funerarios y del sector salud".
Teléfonos de los estudiantes
La segunda línea de investigación es el análisis que se hizo a la información de tres equipos telefónicos de los estudiantes, en específico a la cadena de usuarios posteriores a la desaparición.
"En uno de los casos permitió ejercer acción penal y el 24 de agosto de 2026 se libró la orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.
"Otro equipo telefónico de un estudiante fue utilizado por un policía municipal de Iguala, quien registró actividad la noche de los hechos, por lo que su participación se encuentra bajo investigación".
La revisión del último dispositivo móvil reforzó la hipótesis de que algunos estudiantes fueron trasladados a la barandilla municipal, lo que contradice lo declarado por José Ulises 'N', exjuez de barandilla, a la entonces PGR.
Identifican a implicados en el caso
La tercera línea de investigación deriva del reanálisis documental realizado a los expedientes, permitió identificar a una persona que participó en los hechos.
De la declaración que rindió el 30 de julio de 2026, se obtuvo información que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos.
Análisis de video grabaciones
La cuarta línea de investigación es la relacionada con el ocultamiento de las videograbaciones del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Esto permitió reconstruir parte de las decisiones de servidores públicos de alto nivel relacionados con el ocultamiento del material.
Gracias a esto se detuvo a la exmagistrada presidenta del Tribunal, así como de la exvisitadora del mismo órgano jurisdiccional, quienes actualmente se encuentran sujetas a proceso penal.
"Con lo declarado por estas exservidoras públicas y vinculado a nuevos elementos, se sustentó la detención del exgobernador de Guerrero, el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 estudiantes".
Respecto a la participación de expertos internacionales, se detalló que hay una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual propondrá a estos especialistas.
Para este gobierno, las madres y los padres de los 43 jóvenes continúan en el centro de este proceso. La prioridad es encontrarlos, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, ya que el caso no está cerrado y ninguna persona está por encima de la ley.
Finalmente, se compartieron las acciones inmediatas a seguir en la investigación y búsqueda de los jóvenes:
- Mantener y ampliar la búsqueda de los estudiantes
- Encontrar la verdad y la justicia; profundizar la indagatoria de la línea de las videograbaciones, su destino y la participación de diversas personas, incluidos funcionarios de aquel momento
- Profundizar la investigación de la línea de la funeraria y el Semefo
- Mantener el diálogo y la atención a las madres y padres de los jóvenes desaparecidos y garantizar sus derechos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
"En la conferencia participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán".
LJ / RM