El juicio por el uso del programa Pegasus para el presunto espionaje del que fueron víctimas periodistas y activistas, continuó este jueves.
Aun sin pruebas contundentes de una intervención directa en los teléfonos de activistas y periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, explicó Cuauhtémoc Vázquez González, abogado defensor de Juan Carlos García Rivera, empleado de la filial de grupo KBH, y acusado de ser partícipe en el caso.
“Tiene que haber una imputación directa de alguien y pruebas que lo relacionen con el hecho que es la intervención del teléfono, del aparato telefónico de la periodista y no lo hay”, enfatizó.
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Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME S.A de C.V., parte del grupo empresarial KBH, fue detenido en noviembre de 2021 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado.
Este jueves, se llevó a cabo la comparecencia de Guillermo Erik Zavala Montalvo, perito en tecnología y sistemas de la Fiscalía General de la República (FGR), quien habría tenido acceso a un aparato telefónico infectado, un iPhone 6 plus, así como a discos duros con los que se habría operado el software malicioso.
En el interrogatorio, Zavala Montalvo mencionó que en 2016 él fue convocado por la Agencia de Investigación Criminal, ubicada en Moneda 333 alcaldía Miguel Hidalgo, para realizar diversas diligencias, entre ellas una copia del teléfono supuestamente perteneciente a la periodista Carmen Aristegui, pero, dijo, le fue imposible extraer la información.
Por lo que se recurrió a la “fijación fotográfica de los mensajes de texto”, es decir tomar fotografías.
También descartó conocer al acusado Juan Carlos García Rivera, y a la periodista a quién le pertenecía el teléfono, e incluso sugirió enviarlo al departamento de informática y no al de telecomunicaciones; asimismo, el móvil fue devuelto a la policía ministerial.
En el alegato técnico, también se le cuestionó sobre los servidores que estarían utilizando el software malicioso y sus condiciones, y confirmó la existencia de cuatro Racks con 75 discos duros con los que se operaba el software Pegasus.
Al respecto, el abogado defensor, Cuauhtémoc Vázquez González, cuestionó que las autoridades contaban con el sistema para operar el software que fue “asegurado dentro de la misma fiscalía”.
Respecto al teléfono en cuestión, dijo, “no hay un registro de cadena de custodia desde el 2014, que inician los supuestos mensajes de infección”.
“El Teléfono viaja a Canadá, a Estados Unidos y no es sino hasta el 2022, donde se empieza la cadena de custodia de un de un indicio que empezó la problemática en 2014 y 2015. Entonces bueno pues nadie nos garantiza que ese teléfono no se manipuló, se contaminó en esos años eso queda muy claro”, reclamó.
Asimismo, agregó, “no conoce al imputado, no conoce a Juan Carlos García Rivera, y no puede con todo su dictamen y todo lo que expuso aquí cuatro horas establecer que mi cliente fue el que cometió este posible hecho”.
Este viernes continuará el juicio en el que se espera a por lo menos 13 comparecencias entre testigos y peritos que ofrezcan su versión.
RM