El abogado José Gerardo Ortega Maya, ex asesor del ex secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, y yerno del ex titular de esa dependencia naval, Luis Carlos Ruano Angulo, fue sentenciado a seis años de prisión por delincuencia organizada, proceso que estuvo plagado de irregularidades.
Pese a que en el juicio se demostró que militares y una agente del Ministerio Público federal que estaban adscritos a la Seido falsificaron firmas de testigos colaboradores, el juez segundo de distrito con sede en Naucalpan, Alberto Roldán Olvera, condenó al litigante, quien es amigo del general Tomás Ángeles Dauahare.
En la causa penal que se inició con base en las declaraciones de los testigos colaboradores con nombre clave X y Libre, quienes son pareja e integrantes del cártel de Sinaloa, se realizaron tres dictámenes periciales en materia de grafoscopía expedidos por igual número de peritos.
Uno de los peritos es de la PGR, otro de la procuraduría del Distrito Federal y el tercero un particular, siendo coincidentes los tres en que las firmas plasmadas por los testigos eran apócrifas.
Funcionarios federales que conocen del caso comentaron que en la firma de la ciudadana Liliana Loyola Guerrero se incurrió en el delito de falsificación de firmas por parte de las personas que integraron la averiguación previa, alterando documentos oficiales por parte del Ministerio Público y que son material probatorio dentro de la causa penal, por lo cual no solo debían ser nulos dichos documentos, sino todos los que se derivan de estos.
Asimismo en los dictámenes se determinó la falsificación de firmas de la declaración de Esther Yadira Huitrón Vázquez, Libre, del 1 de febrero de 2012.
Yadira nunca se presentó el día de la fecha mencionada ante el Ministerio Público federal a declarar; de igual manera jamás solicitó los beneficios de ser testigo colaborador.
En dichos dictámenes se determinó también la falsificación de firmas de la declaración de Eynar Rodrigo Lozano Mendoza, X, del 1 de febrero de 2012, ante el Ministerio Público a declarar, de igual manera, tampoco solicitó los beneficios de ser testigo.
Dictan sentencia
Un tribunal federal sentenció a Marcos César Zaldívar Hernández, director de área del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, por el delito de hostigamiento sexual, motivo por el cual se ordenó la destitución de su cargo.
Como servidor público, Zaldívar Hernández se valía de su posición y derivada de sus relaciones laborales asediaba a una empleada del Cenapi, conductas que realizó en el interior de su centro de trabajo.
El 29 de julio de este año el juzgado quinto de distrito de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Preventivo Oriente absolvió al director del área de programa de desarrollo de procesos de análisis del mencionado delito.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la víctima apelaron.
El 30 de octubre pasado el segundo tribunal unitario en materia penal con residencia en la Ciudad de México revocó el fallo y dictó sentencia condenatoria contra Zaldívar Hernández por el delito de hostigamiento sexual y le impuso al responsable la destitución de su cargo público y lo condenó al pago de la reparación del daño.
De acuerdo con la PGR, la víctima denunció lo ocurrido, por lo que el agente del MP de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos inició una investigación en la que acreditó el cuerpo del delito de hostigamiento sexual y la probable responsabilidad, ejercitando acción penal el 9 de julio de 2014.