La Fiscalía General de la República (FGR) emitió y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, en relación con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.
"Fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra", publicó la FGR en sus redes sociales.
Detalló que lo anterior forma parte de un nuevo modelo de investigación para un reanálisis de los hechos en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.
¿De qué lo acusan?
Los nuevos actos de investigación permitieron acreditar la posible participación del exgobernador de esta entidad en el ocultamiento de evidencias sobre la desaparición de los normalistas.
Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN
— FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026
Fue "una operación dolosa": Godoy Ramos
Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre una operación de relevancia relacionada con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, en la que se encontró la "posible participación", exgobernador de Guerrero.
Un "trabajo de análisis que acredito con plena evidencia y apego al debido proceso, la posible participación de Ángel N, exgobernador del estado de Guerrero, en la destrucción de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes", expresó en un mensaje.
Godoy detalló que la noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531 en el que viajaba el grupo de normalistas fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala.
Lo anterior, en el momento en que era detenido por policías municipales y estatales.
También, detalló que las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema.
"Licencias posteriores, acreditaron que esa versión era calor", agregó.
Afirmó que en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien la sustrajo para entregar las directamente al exgobernador de Guerrero, información que dicha persona cayó debido a amenazas.
Además, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido, robusteció dicho testimonio, al señalar que Ángel Aguirre ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala.
Finalmente, Godoy aseguró que la fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento "fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel".
"Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal", manifestó.
Por lo anterior, el agente del ministerio público responsable de la unidad especial de investigación para el caso de Ayotzinapa, solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero.
Los delitos de los que se le acusa son contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
"Me dirijo a los padres, a las madres de los jóvenes desaparecidos, así como a todos sus familiares. Les expreso toda nuestra solidaridad", dijo.
MRA