La defensa de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, solicitó al juez Brian Cogan que se realice un nuevo juicio en su contra para sustituir el que se llevó a cabo a inicios de 2023, con base en que obtuvieron nueva evidencia sobre violaciones al proceso y testimonios falsos usados en su contra.
“El gobierno de Estados Unidos eligió perseguir al señor García Luna usando palabras de algunos de los peores criminales del mundo, líderes de cárteles que fueron responsables personalmente del asesinato y tortura de miles y que distribuyeron millones de kilos de cocaína a las calles de” aquél país, aseguró César de Castro en una carta.
La defensa del mexicano asegura que, por ejemplo, tienen evidencia de que García Luna y en general la Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA en México, que operaba en la Policía Federal, tenía revisiones de antecedentes realizadas por el gobierno estadunidense, y no se entregó esa evidencia a la defensa de García Luna, lo que, señaló, constituye una violación a las normas de Estados Unidos.
También reveló que existía otra unidad verificada en la SSP bajo el mando de García Luna y colaboraba en temas de narcóticos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, lo que nunca se informó.
Aseguran que uno de los testigos, Héctor Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila, siguió lavando dinero mientras cooperaba con las autoridades. Que el mismo Villarreal mintió varias veces durante el juicio, por ejemplo, asegurando que García Luna intentó suprimir notas sobre su presunto secuestro por parte de Arturo Beltrán Leyva.
Además, presumieron tener evidencia de que el ex policía federal, Francisco Cañedo Zavaleta, tiene años intentando vengarse de García Luna y que nunca fue parte del su equipo de seguridad personal.
Finalmente, acusaron que se pudo descubrir que los testigos de las autoridades sí se comunicaron entre ellos antes de participar en el juicio, algo que los fiscales siempre negaron.
En febrero de este año, García Luna fue encontrado culpable de cargos relacionados con conspiración para tráfico de cocaína y mentir a autoridades, por su involucramiento con cárteles como el de Sinaloa, el de los Beltrán Leyva y del Milenio. Su condena se prevé para mediados de 2024.
ROA