Las parroquias de San Pedro y San Pablo del municipio de Chicomuselo, Chiapas, denunciaron que un grupo de mujeres y hombres feligreses fueron detenidos por presuntos integrantes de la organización social El Maíz, vinculado al crimen organizado.
Los hechos ocurrieron en el tramo carretero La Concordia–Chicomuselo, donde el crimen organizado mantiene uno de los puntos de revisión que instaló sobre la zona Sierra, para el control de los pobladores que salen e ingresan de la región.
A través de un escrito denominado La paz es un grito que merece ser escuchado, la iglesia católica señaló que las personas quienes iban a bordo de camionetas regresaban de una asamblea parroquial cuando fueron detenidos por los sujetos, quienes los interrogaron durante 30 minutos e incluso hubo a quienes les pidieron su identificación oficial, además de que a los vehículos les tomaron fotografías y videos.
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“Una de las personas que los detuvieron se comunicó por radio señalando que le hablarían a su jefe, y al comunicarse decían que tenían detenidas las camionetas con gente, que había niños, mujeres y hombres, que faltaban 2 camionetas más y que dos más ya se les habían pasado antes; minutos después llegaron algunos taxis y camionetas con hombres del Maíz quienes tomaron fotos y videos a las camionetas con las hermanas y hermanos a bordo de los carros. Minutos después los dejaron pasar”, relata el documento.
Asimismo expusieron que en repetidas ocasiones han manifestado que los municipios que se encuentran en la zona fronteriza con Guatemala se encuentran sitiados por el crimen organizado y en consecuencia, no les permiten tener una libre movilidad, pues salir de casa implica salir con miedo a lo que les pueda ocurrir al pasar por los retenes.
“Sufrimos atropello a nuestros derechos humanos y colectivos, vivimos en constante amenazas, intimidación, hostigamiento, despojo de nuestros bienes naturales y materiales, migración forzada, persecución, detenciones, desapariciones y asesinatos sin que hasta el momento haya respuesta del estado cómplice ante tanta injusticia”, puntualizan.
En este contexto, responsabilizaron a los tres niveles de gobierno, por la presunta complicidad de los elementos de seguridad con el grupo criminal que mantiene sitiado al pueblo, además señalaron estar cansados del cobro de derecho de piso y de paso, del saqueo y explotación minera que permanece bajo amenazas e intimidaciones a autoridades ejidales y comunidades con la presencia de personas armadas, así como del hostigamiento e intimidación a quienes desempeñan una labor pastoral.
“Exigimos la atención urgente al grito de paz de nuestros pueblos, restablecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil en resistencia a estos grupos criminales, reestablecer el libre tránsito, respeto a nuestros derechos humanos y colectivos, que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos, respeto a nuestra labor pastoral en la búsqueda y construcción de la paz con justicia y dignidad para todas y todos”, detallan.
Por ello, aseguraron que seguirán denunciando todos aquellos hechos que atenten contra la vida y la dignidad humana de las personas, hasta que se logre restablecer la paz y la seguridad en la zona.
Es importante mencionar que los último hechos violentos en la zona, se registraron el 21 y 22 de noviembre, cuando pobladores de los municipios de Motozintla, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y La Grandeza, presuntamente incitados por el crimen organizado, impedían el paso de las fuerzas federales y estatales, quienes realizaban acciones de disuasión de bloqueos.
RM