Alejando Encinas, subsecretario de Derechos Humanos informó que ya se encuentran revisando el caso de la activista Kenia Hernández, sentenciada a más de 20 años de prisión en el Estado de México, para garantizar un proceso judicial apegado a derecho.
Al presentar el informe final sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el estado de Guerrero, reconoció que la joven indígena amuzga enfrenta una justicia “que no llega” por su activismo en el país.
“Estamos valorando su situación penitenciaria para que se den las garantías que se habían atendido en todo el proceso de carácter judicial”, señaló.
Procesos penales en contra de Kenia
Recordó que la activista enfrenta nueve procesos penales en su contra, dos de los cuales emitieron sentencias en su contra por jueces en el municipio de Ecatepec y el sur del Estado.
El primero por un supuesto robo con violencia cometido durante una manifestación realizada en la carretera Toluca-Zitácuaro y por la que fue sentenciada en febrero pasado a 10 años y seis meses de cárcel.
Un mes después, un juez con sede en Ecatepec le dictó una segunda condena de 11 años y 3 meses de prisión en su contra por el mismo delito pero cometido ahora en la caseta Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense.
La dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos (Molpeg) enfrentó ambos procesos recluida en un penal de máxima seguridad de Morelos.
“Está haciendo el balance de su situación jurídica, tiene varias carpetas abiertas tanto del gobierno del Estado del México, como de concesionarios particulares de carreteras y por Capufe”, dijo.
“Es una situación que está lamentablemente en manos de una justicia que no llega. Por que hemos tenido muchos problemas por la actuación de los jueces y esperemos pronto tener resultados”, comentó el subsecretario.
Desde el inicio de los juicios que enfrenta Kenia Hernández, su abogado defensor Antonino Lara Duque, ha sostenido que las carpetas de investigación pretende criminalizar la protesta que realiza Kenia a favor de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
“Esto demuestra que empresas concesionarias insisten en mantener en prisión a Kenia Hernández por ser mujer, indígena y activista social”.
JASJ