Guerrero no solo enfrenta el embate de 19 organizaciones criminales, seis de ellas con presencia nacional, aseguró Marco Antonio Leyva Mena, alcalde con licencia de Chilpancingo, sino también padece la falta de control sobre las policías comunitarias que tienen una capacidad de respuesta de fuego, igual o superior que los grupos policiacos del estado.
"Estas policías comunitarias que ante un vacío por parte del gobierno del estado se apoderan de los espacios de seguridad, a veces con buenas intenciones, pero otras tantas para hacer también los defensores de actividades ilícitas; eso complica aún más la gobernabilidad de la entidad", expresó el priista.
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El alcalde con licencia que no ha conseguido que el Congreso local lo restituya en su puesto, pese a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que en Guerrero los niños "están condenados", desde los seis hasta los 14 años, debido a la pobreza, menores que para sobrevivir trabajan sembrando amapola para los criminales.
"Este es el escenario que se está viviendo, este es clima social y obviamente, de cara al proceso electoral, donde la disputa por el poder se da de manera muy cruel, donde se ha señalado que los grupos criminales organizados también tienen sus propios intereses y están jugando electoralmente en este momento para conservar sus áreas de importancia territorial y comercial para ellos.
"Chilpancingo está en medio de este tipo de grupos (delictivos), pero también de un grupo de policía comunitaria...que tiene una capacidad de respuesta de fuego, igual o superior (que) los grupos (policiacos) del gobierno del estado", aseveró.
En conferencia de prensa, Leyva Mena recordó que en Guerrero se produce 45 por ciento de la amapola de este país, actividad ilícita que genera 16 mil millones de dólares al año, motivo por el cual es una zona que ambicionan los grupos delictivos.
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"Pero no tan solo se dedican al asunto de la compra, producción y procesamiento de la droga, sino que también estos grupos criminales se desdoblan en otras áreas, como es el robo de vehículos, donde Guerrero está en los primero lugares, y el chantaje a ciertos empresarios que también sienten el cobro de derecho de piso", añadió.
A esto se suman los casos donde los criminales entran a escuelas para rapar a las niñas y vender su cabello a un alto costo.
Antonio Leyva comentó que Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo, ha realizado denuncias en el sentido de que en la entidad existe un gobierno paralelo, donde además de la autoridad del estado, los criminales mandan.
Apuntó, ha provocado que Florencio Salazar, secretario de Gobierno del estado, "haya amenazado" e "intimidado" al sacerdote a través de la intervención de sus llamadas telefónicas y sobre supuestas acusaciones de encubrimiento de casos de pederastia en Hidalgo.
Leyva Mena detalló que las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta que en dicha entidad se han cometido más de seis mil homicidios dolosos; se registran 10 mil desplazados y más de cinco mil desaparecidos, además de que es el primer lugar a nivel nacional en feminicidios.