El gobierno del estado de Morelos aseguró que la detención del Fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, mediante un operativo de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), y con apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), se efectuó "bajo estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso penal".
A través de un comunicado emitido por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la detención de Uriel Carmona se realizó "con base en un mandamiento judicial como parte de una de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, (y) se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES)".
Se aclara que la participación de la CES se debió a una solicitud de la FGJ de la Ciudad de México, y en ningún momento se vulneró la privacidad de Uriel Carmona, ya que él se entregó voluntariamente a las autoridades, y su domicilio no fue registrado para respetar la privacidad de los habitantes.
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Diputados defienden al Fiscal
Tras la detención del Fiscal General del estado, el congreso de Morelos aseguró que esta acción viola la soberanía del estado y representa un atentado contra la división de poderes.
"La detención o imputación de delitos por vías distintas a las que establece la Ley, para presionar la remoción de un Fiscal General del Estado, constituye no solo un golpe al Estado de Derecho, sino un atentado contra la división de poderes y la autonomía de los órganos autónomos encargados de la persecución del delito, así como la advertencia de que en México cualquier persona puede ser perseguida, incluso por el ejercicio de sus responsabilidades de ley", indicó en un despacho informativo.
El congreso de Morelos, cuya mayoría se opone a la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco y respalda al Fiscal General del estado, aseguró que los órganos autónomos cuentan con protección de fuero constitucional.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, recientemente confirmó que los titulares de los órganos constitucionalmente autónomos gozan de la protección de la figura del fuero constitucional, lo que implicaría que, para ejercer la acción de la justicia en su contra, previamente debería habérsele despojado de esa protección, mediante un procedimiento desde el Poder Legislativo, condición que no ha ocurrido"
MO