Una jueza federal dictó auto de formal prisión contra ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, debido a sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, determinó que existen elementos para procesar por dicho delito a Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Los militares permanecerán en la prisión del Campo Militar Número 1, mientras enfrentan su proceso.
Es importante mencionar que, la decisión de la juzgadora puede ser impugnada por la defensa de los soldados a través de un recurso de apelación o por la vía del amparo.
La nueva causa penal integrada contra el personal castrense se basa en los testimonios de los testigos protegidos ‘Carla’ y ‘Neto’, delincuentes confesos que participaron en diversos delitos, entre ellos, la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, y quienes aseguraron que los soldados probablemente recibían pagos por brindar protección a los integrantes del grupo criminal.
Ayer, en conferencia de prensa, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, demandaron la libertad de sus defendidos y aseguraron que este asunto no es más que una “persecución política”.
“Estos testigos ‘Carla’ y ‘Neto’ fueron evidenciados por mentirosos y manipuladores. Por ejemplo, el testigo ‘Carla’ aportó en su momento mensajes de WhastApp para involucrar en su momento a elementos del Ejército mexicano", dijo Alejandro Robledo y continuó:
“El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señaló que no era posible garantizar la autenticidad de estos mensajes, por lo que no existía confiabilidad en las imágenes y no podía considerarse prueba digital en la judicialización del caso, porque a todas luces se podría tratar de pruebas inconsistentes y carentes de veracidad”.
Recordó que el propio ex subsecretario Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa reconoció que los chats de WhatsApp no podían verificarse como reales.
“Ahora, estos testigos señalan que por temor y miedo no habían declarado, lo cual es absolutamente falso, ya que habían rendido la declaración en diversas ocasiones, incluso pidiendo perdón a Dios por los delitos que habían cometido. Y ahora resulta que nueve años después recuerdan hechos y circunstancias y detalles para imputar al personal militar”, declaró.
MO