Entre enero y agosto de este año se han iniciado en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)12 carpetas de investigación por el delito de secuestro y detenido a 15 personas en flagrancia y a través de órdenes de aprehensión.
De acuerdo con la dependencia estatal de las 12 carpetas cinco se encuentran en integración, siete judicializadas, hay una orden de aprehensión pendiente y suman diez personas vinculadas a proceso.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en enero de este año se inició una carpeta de investigación por secuestro, una en febrero, una en marzo, dos en mayo, dos en junio, tres en julio y dos en agosto. Todas las carpetas se han iniciado por secuestro extorsivo.
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De acuerdo con la Procuraduría, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, en el combate al delito de secuestro, se liberó a 11 víctimas y se detuvo a 48 personas obteniendo sentencias de hasta 80 años de prisión.
En septiembre de este año, personal ministerial adscrito a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, consiguió de un tribunal de enjuiciamiento, sentencia condenatoria de 50 años de prisión para dos personas responsables de secuestro agravado, ocurrido en Metztitlán.
Los hechos ocurrieron en junio de 2021, en la localidad de El Cerro de Tlacotepec, donde dos personas del sexo femenino de 32 y 5 años de edad, fueron privadas de su libertad. Sin embargo, las víctimas lograron escapar del lugar donde permanecían en cautiverio y denunciaron penalmente los hechos.
También en septiembre, investigaciones de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro de la Procuraduría demostraron ante la autoridad judicial la plena responsabilidad de una persona identificada con iniciales D. B. J.B., en hechos que la ley sanciona como secuestro agravado. Con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal de enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 80 años de prisión.
El 15 de septiembre de 2021, la víctima salió de su domicilio ubicado en Tezontepec de Aldama, con dirección al municipio de Zapotlán de Juárez, posteriormente sus familiares recibieron llamadas mediante las que se les exigía el pago de 1 millón de pesos, además de las escrituras de una casa y la factura de un automóvil propiedad de la víctima, a cambio de la su libertad.
La familia de la persona secuestrada solicitó la intervención de la Procuraduría, autoridad que comenzó las indagatorias y derivado de ellas, implementó un operativo del cual se logró identificar la identidad de la plagiaria, de iniciales D. B. J. B., quien se desempeñó como presidenta interina del Concejo Municipal de Zapotlán, en 2020.
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece que al que prive de la libertad a otro de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa. Las penas se agravan de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa. Pueden alcanzar de cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa.
En tanto, si la víctima de los delitos previstos en Ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos se impondrá a estos una pena de 80 a 140 años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa.
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