El jefe de Gobierno, Martí Batres confirmó que el ex comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungüí, quien era acusado por presuntamente autorizar ilegalmente un monto superior a los 257 millones de pesos para apoyos a cinco inmuebles tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, seguirá su proceso en libertad luego de haber ganado un amparo.
En conferencia de prensa, detalló que fue decisión de un juez federal que abandonara el reclusorio Norte y aclaró que el proceso penal contra Tungüi seguirá en marcha, solo cambia la medida cautelar.
“La información que recibimos hoy en el Gabinete de Seguridad por la mañana, es que interpuso un amparo, se lo concedieron para cambiar la medida cautelar, el proceso penal sigue, pero ya no es la misma medida de control y la decisión de que siguiera el proceso penal en libertad es una decisión de un juez federal”, dijo.
“Ahí quiero precisar, que es decisión tomada por un juez federal, por un lado es importante subrayar esto y por otro, que el proceso penal continúa, no quiere decir que esté absuelto sino que el proceso sigue”
Detalló que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México seguirá con las acusaciones en contra del ex funcionario y que se mantendrán atentos al desarrollo del caso.
“El gobierno de la Ciudad de México y particularmente la fiscalía sigue con el proceso de acusaciones que se han planteado desde un principio y estamos atentos a lo que suceda”, reveló.
En la imputación contra el ex funcionario se detallan los cinco predios por los que Tungüí Rodríguez es acusado por la fiscalía capitalina de aprobar el otorgamiento de recursos para trabajos de rehabilitación en cuatro alcaldías sin que las edificaciones cumplieran con los lineamientos del programa de reconstrucción.
En los cinco casos, por los que se han ejecutado el mismo número de órdenes de aprehensión contra Tungüí por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, los apoyos para los inmuebles se entregaron sin que se contara con la totalidad de los los diagnósticos socioeconómicos de los departamentos de las edificios o unidades habitacionales; además, en tres casos se otorgaron recursos superiores a los que correspondían.
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