De enero de 2014 a la fecha, en el Estado de México suman 4 mil 54 personas desaparecidas, de acuerdo a cifras de la comisionada estatal de Búsqueda de Personas en la entidad, Sol Salgado Ambroz.
De estas, por lo menos 28.9 individuos pertenecen al fuero federal.
La comisionada reveló que como parte de un programa de exploración en la materia, la entidad mexiquense, específicamente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan y Toluca, se recibió equipo tecnológico de última generación que facilita el reconocimiento y localización de personas extraviadas con discapacidades mentales, gracias a un cruce de información con registros de autoridades nacionales e internacionales.
Salgado Ambroz aseguró que estos municipios –que registran el mayor número de desaparecidos en el territorio- forman parte de un programa piloto único en el país que en caso de ser exitoso será extendido a toda la entidad y en consecuencia a la República Mexicana.
La cifra mayor de personas está relacionada con ausencias voluntarias -por problemas familiares y de violencia- en 60 por ciento, cuyas edades oscilan entre los 14 y 30 años, apuntó; mientras que un aproximado de 10 por ciento se estima esté relacionado con secuestros.
El 30 por ciento restante obedece a problemas familiares como sustracciones de niños y adolescentes en donde hay conflicto entre los padres.
Registro en un padrón biométrico nacional
El Estado de México es pionero en la instalación de un comité de personas desaparecidas, ya que es una de las primeras seis entidades en contar con uno de los decretados el pasado 17 de noviembre.
La necesidad de atender esta problemática nació para nutrir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) y a su vez coordinar esfuerzos en las 32 entidades del país, en conjunto con la vigilancia permanente no solamente a las fiscalías, sino todas las instancias gubernamentales involucradas en la materia.
Asimismo, el mecanismo pretende denunciar el mal actuar de las autoridades en la atención de protocolos e incluso señalar por autoridades.
La comisión mexiquense tiene pendiente la instalación de un Consejo Ciudadano, el cual estará formado por especialistas en la materia y trabajará de manera permanente, instalación que será dada a conocer en breve, comentó Sol Salgado.
La titular del ramo explicó que el boletinaje de personas extraviadas, a través de fichas, ha sido fructífero porque vieron éxito ya que encontraban personas en situación de calle o qué no pudieron dar sus datos por alguna situación motriz o intelectual.
En este entendido, los equipos de identificación biométrica podrían ser auxiliares en la búsqueda de familiares.
Este órgano supervisado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México piensa en una primera etapa combinar el patrullaje local con la tecnología.
Será a través de denuncias o rondines en los que los policías detecten la posible coincidencia de una persona desaparecida o alguien que padezca de sus facultades mentales en situación de calle, serán remitidos a las instalaciones donde están los kits biométricos e iniciar una carpeta sobre el descubrimiento.
Una vez dentro comienza el método de recolección de información, el cual incluye la captura de las 10 huellas dactilares, las cuales son comparadas en las plataformas del Instituto Nacional Electoral (INE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Se pudiera cruzar a nivel nacional alguna identidad y poder hacer la integración al domicilio, claro, salvo que no le ocasionará un riesgo a la persona”, aclaró la titular, ya que varias de las personas localizadas pudieron haber huido de una situación de violencia o abandono.
El propio dispositivo toma una fotografía de frente con una luz especial y calidades específicas, además de la lectura del iris –actualmente únicamente disponible a nivel federal a través del SAT-.
Sobre la identificación de niños, estos pueden ser remitidos a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM), misma situación para adultos mayores; aunque aquellos recuperados que padezcan sus facultades mentales, podrán ser ingresados a algún psiquiátrico de ser necesario.
Este programa que arrancó el 14 de agosto de este año ha logrado identificar a un aproximado de 20 personas en los municipios de Ecatepec, Chimalhuacán y Naucalpan, número que, advirtió, podrá incrementarse ya que a partir de este lunes se trabajará al interior de los albergues en los DIF municipales.
Sobre los resultados, Sol Salgado afirmó que espera “encontrar posibles coincidencias, que la Comisión Nacional nos arrojen domicilios y nombres de estas personas y poder en una segunda tarea hacer ese acercamiento a esos domicilios y verificar un reporte de desaparición, y si no lo hubiera, también corroborar que no sea de peligro para su familia”.
Desinformación, fichas falsas y abusos
La sociedad civil ha ayudado a la recuperación de personas en calidad de desaparecidas, pero desafortunadamente han detectado casos en los que la delincuencia abusa de un escenario de crisis y delinque a través de la extorsión, aseguró Salgado Ambroz.
“A la difusión de las células de búsqueda se suman grupos de extorsionadores que se han acercado y pedido rescate y es a través del rastreo telefónico y la investigación de esas que vemos que se trata de una línea falsa”.
Aunado a ello, tienen la problemática de células de búsqueda falsas, las cuales tienen como objetivo despistar a la ciudadanía de verdaderos casos de extravío. Ejemplificó que en numerosas ocasiones han documentado fichas con datos o fotografías que obedecen a casos anteriores, incluso de años atrás.
Ante este escenario, lamentó que aún no hayan sido tipificadas como tal este tipo de faltas, porque servidores públicos, particulares, organizaciones y activistas difunden esta información falsa por error con la intención de ayudar y la ciudadanía desvía su atención.
“En la nueva ley de desaparición no se contempló estas situaciones, pero creo que sí valdría la pena”. Explicó que al menos han detectado en lo que va del año 50 células de búsqueda falsas, la mayoría encontradas en la capital del estado, fenómeno que atribuyó a la centralización de las dependencias; además de que Toluca es el municipio con el mayor número de denunciantes a nivel estatal.
En este entendido hizo un llamado a la población a difundir únicamente las células verídicas, las cuales tienen como distintivo el sello de las alertas Amber y Odissea, así como logotipos oficiales de la fiscalía mexiquense, ya que estas son emitidas por las autoridades.
La comisionada también exhortó a colocar la leyenda “notas falsas” o “células falsas” a aquellas apócrifas para garantizar la recuperación de un individuo. “La ciudadanía es un factor de vital importancia en la información y ubicación de las personas”.
Por otra parte, un problema frecuente que han notado es que continúan circulando fichas de manera permanente cuando la personas ya ha sido localizada. Argumentó que cuando se trata de temas familiares o por falta de comunicación, se tiende a culpar a la víctima por el despliegue de elementos de búsqueda, por lo que comúnmente no se notifica del hallazgo. “Regularmente cuando son localizados, no se difunde.
Cuando son temas no relacionados a delitos, son atacados por la propia ciudadanía diciendo que había sido falsa su desaparición”, apelando a la comprensión de la ciudadanía, ya que detrás de esa fuga puede haber problemas psicológicos o incluso agresiones que anteceden una problemática mayor.
Silencio que mata Los límites con los estados de Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Puebla son los espacios en donde se teme haya un elevado número de desparecidos sin denunciar, es decir, su ausencia engrosa una cifra de la que poco se conoce.
Salgado Ambroz explicó que todavía hay familias que no están denunciando los casos de desaparición en estas regiones –donde diversos reportes periodísticos apuntan trasiego de drogas y presunta presencia de grupos del crimen organizado- situación que atribuyó al desconocimiento de los programas y el temor de que sus familiares estuvieran envueltos en actividades ilícitas.
Sí hubiera alguna situación punitiva en contra de una persona, esta sería a través de una orden de aprehensión o de presentación, aclaró, por lo que independientemente de su situación legal, tienen que activarse los protocolos de actuación para dar con su paradero.
“Cuando se nos reporta a un desaparecido, independientemente de que se sospechara que tuviera algún problema con la ley, la prioridad institucional es localizarla”, y el silencio de sus parientes consume tiempo vital para su recuperación.
“Todavía las familias temen. No sabemos si mi familiar está ausente porque tuvo algún problema legal o algo le sucedió”, es de los escenarios más comunes que le han planteado.
En las últimas semanas una oleada de ejecuciones se ha presentado en la zona oriente de la entidad, delitos que afirmó no han sido vinculados en algún cruce con alguna persona en calidad de desaparecida.
Cabe recordar que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente.
Este registro incluye únicamente a las personas que, a la fecha de corte, permanecen sin localizar. También existe el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la procuraduría y las procuradurías locales localicen.
LC