Un juez federal determinó vincular a proceso seis personas, entre ellas dos mujeres, que aparentemente pertenecían a una banda delictiva dedicada al tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos y cuyo dinero obtenido por estas actividades ilícitas lo utilizaban para comprar vehículos de alta gama.
Los cuatro hombres se encuentran en el penal de máxima seguridad ‘Altiplano’, en el Estado de México, mientras que las dos mujeres fueron ingresadas al penal federal de Morelos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en las últimas semanas se realizaron cateos en 10 inmuebles ubicados en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde detuvieron a seis presuntos líderes de una organización delictiva conocida como “La Empresa Nueva Generación”, dedicaba a cruzar migrantes al país vecino.
Los presuntos responsables fueron identificados como Jorge “N”, José Luis “N”, Jesús “N”, Beatriz “F” y Viviana “C”; en estos operativos aseguraron armas de fuego, dinero en efectivo y 12 vehículos de alta gama.
Las investigaciones hechas en conjunto las autoridades estadounidenses a través de Homeland Security Investigations (HSI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la FGR pudo establecer que este grupo delictivo operaba en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, Estados Unidos.
Agregaron que los indocumentados eran trasladados al país norteamericano a través del sistema de alcantarillado, con lo que exponían diariamente la integridad y vida de las víctimas, ya que el cruce se llevaba a cabo en condiciones deplorables e ilegales.
Tras ser detenidos, los cuatro hombres fueron trasladados a territorio mexiquense e ingresados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, mientras que las dos mujeres fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 de Morelos.
Luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la autoridad judicial federal determinó vincularlos a proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer los ilícitos de tráfico de personas y lavado de dinero.
Se otorgó un plazo de seis meses para el cierre de investigación complementaria y permanecerán en los penales federales hasta que se les dicte sentencia.