Militares y policías de Puebla ejecutaron a dos personas, manipularon un cadáver y colocaron armas largas a dos cuerpos tras los enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y fuerzas federales y estatales en Palmarito Tochapan, municipio de Quecholac, ocurridos el 3 de mayo de 2017, acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los soldados y los oficiales también maltrataron a 12 personas, entre ellas tres menores de edad, y detuvieron a dos infantes.
Por esos hechos, el organismo emitió la Recomendación 12VG/2018 por violaciones graves a derechos humanos atribuibles a elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Seguridad Pública del estado de Puebla, así como otros hechos violatorios cometidos por Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Puebla y el Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.
“Tras su investigación, la CNDH contó con elementos para acreditar las violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12 incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas”, explicó en la recomendación.
Los enfrentamientos dejaron 10 muertos, seis civiles y cuatro militares; 26 heridos, 14 civiles y 12 militares; y 13 detenidos, nueve adultos y cuatro menores.
Aseguró que la PGR se negó a entregar a la CNDH copias de las correspondientes carpetas de investigación, “lo que se traduce en falta de colaboración de dicha instancia con este Organismo Constitucional Autónomo en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.
El organismo ve con preocupación la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que los detenidos no son puestos a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetos a proceso.
Las recomendaciones
La CNDH recomendó al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres, y que el titular de la Sedena colabore en la investigación por falta de veracidad en la información proporcionada a la CNDH.
A la PGR le pidió continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones; dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar y colaborar en la queja que se formule ante la Visitaduría General de esa Procuraduría por irregularidades en la integración de la carpeta de investigación por conductas delictivas contra dos personas, así como dar seguimiento al procedimiento administrativo contra personal responsable de falta de colaboración en la investigación de los hechos.
A Pemex le solicitó colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.
Al gobernador de Puebla le pidió implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la “Franja del Huachicol”, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez.
Además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública, además de dar seguimiento al proceso administrativo que inicie el Consejo de Honor y Justicia de la SSP por omisiones en dictámenes respecto de lesiones sufridas por 8 personas.
Al fiscal del estado le demandó continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.
Mientras que al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado le recomendó colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad.
jbh