DOMINGA.– La mañana del 7 de junio de 2022, un hecho extraordinario para la Zona Metropolitana del Valle de México interrumpió el ciclo de noticias: hombres con uniformes militares y el rostro embozado paraban el tráfico a punta de armas largas y revisaban cada vehículo. Uno a uno, los conductores esperaban su turno para ser inspeccionados en un retén improvisado en los carriles centrales del Periférico Norte, la vía de circunvalación más importante de la capital del país.
“Están abriendo cajuelas [...]. Se me hace que ha sido un secuestro”, dijo la mujer que grababa con el celular apenas por encima del tablero y desde el asiento del copiloto. Su video se hizo viral en minutos, mientras los canales de televisión transmitían en vivo el improvisado puesto de control. “Pero ¿de quién?”, le respondió un hombre, el conductor, quien avanzaba lentamente hacia la revisión militar.
Menos de un minuto de grabación bastaron para que circulara profusamente por las redes sociales. La escena era inusual en las orillas de la Ciudad de México. Una rareza que imitaba lo que se ha normalizado en el norte del país: un operativo militar, a plena luz del día, cerrando calles para detener a un capo de altos vuelos o rescatar a un político en manos del crimen organizado. La duda acompañaba a la viralidad: ¿por quién las Fuerzas Armadas se movilizaban con tanta fuerza?
La respuesta llegó horas después: no era un narco ni funcionario ni influencer, sino una pequeña empresaria que, tras llegar a un hotel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, recibió la llamada de un supuesto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que le exigió una fuerte suma de dinero a cambio de no asesinarla. La condición para dejarla vivir incluía que no contestara ninguna llamada, excepto la de sus captores virtuales, y siguiera instrucciones precisas. Una mezcla de secuestro con extorsión.
Cuando la empresaria dejó de contestar el teléfono, sus hijos se preocuparon. Pensaron que no la localizaban por algún accidente, así que llamaron a las autoridades del municipio donde se estaba hospedando. No sabían que se estaban comunicado con una policía municipal sui generis en México: la lideraba un teniente de la Secretaría de Marina, Fabián Gómez Calcáneo, un tipo con fama de implacable.
El operativo de búsqueda se puso en marcha. Y a los minutos, los hijos se volvieron a contactar la policía: su madre se comunicó, por fin, para pedir que juntaran el dinero de su rescate. Los policías municipales podían abandonar el rastreo y cederlo a las instancias federales debido a que se trataba de un secuestro ejecutado por el crimen organizado. Sin embargo, los marinos de Atizapán no soltaron la búsqueda. Siguiendo el rastro de geolocalización del teléfono de la empresaria vieron que se dirigía por Periférico hacia el sur de la Ciudad de México. Decidieron actuar: cerrar la vía rápida y abrir cajuela por cajuela hasta encontrarla.
“¿Por qué hiciste semejante operativo en pleno Periférico Norte?”, le pregunté al teniente meses después. En su semblante había una mezcla de orgullo y diversión: la mujer fue hallada y liberada ilesa. “Porque había flagrancia, porque no puedes conocer un delito y no hacer nada, porque es una vida humana y porque teníamos que protegerla”, dijo. Luego se echó para atrás en su silla reclinable y soltó: “Porque así lo hacemos los marinos. Vamos duro y hasta donde tope por los mexicanos”.
Ese teniente, Fabián Gómez Calcáneo, y su estilo, “el modelo Atizapán”, acaba de ser nombrado secretario de Seguridad Pública en Colima, uno de los estados más violentos de México.
Los hermanos Amezcua soltaron el control de Colima
Colima es de los pocos estados en México que tiene la deshonra de tener o haber tenido un cártel con su nombre. Es un club desafortunado y exclusivo en el que está incluido Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Todos ubicados en el Pacífico mexicano, pues no existe el Cártel del Veracruz, el Cártel de Coahuila, el Cártel de Tabasco ni el Cártel de Querétaro.
El Cártel de Colima existió, según la mayoría de los historiadores, entre 1988 y 2005. Lo fundó un clan de hermanos apellidados Amezcua Contreras: Jesús, Adán y Luis, quienes habían aprendido el negocio del trasiego de drogas hacia Estados Unidos de integrantes del Cártel de Guadalajara y, posteriormente, del Cártel de Sinaloa. Tenían experiencia, contactos y temeridad para mover drogas, pero les faltaba poder. Comparados con otros clanes criminales, como los Arellano Félix o los Carrillo Fuentes, seguían siendo pequeños. Necesitaban diferenciarse con un negocio millonario para obtener el reconocimiento que tanto anhelaban.
La globalización hizo posible su crecimiento. Los hermanos Amezcua encontraron que en su natal Colima tenían una ventaja estratégica: el puerto de Manzanillo estaba abierto al mundo y ya era considerado a finales del siglo pasado como uno de los diez más importantes en el mundo. Hoy es el más relevante de América Latina, junto al de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Si controlaban Manzanillo, los hermanos Amezcua podían recibir una sustancia novedosa en el mundo de las drogas que se elaboraba en China, Pakistán e India: los precursores químicos para elaborar narcóticos sintéticos. Iniciaba entonces la era de los narcolaboratorios y ellos entraron primero.
Mientras los narcotraficantes tradicionales movían marihuana desde Michoacán y Guerrero, y recibían cocaína desde Colombia y Bolivia, los Amezcua buscaban en Asia los ingredientes para hacer anfetaminas y metanfetaminas, una novedad con un creciente mercado en Estados Unidos. Su éxito fue de tal tamaño que pronto se les conoció como “Los Reyes de las Metanfetaminas”.
Esa posición de poder les permitió crear su propio cártel y negociar con fuerza. Ya no eran subordinados, sino socios de Sinaloa y del Cártel del Milenio, que años más tarde mutaría en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Abrían rutas, hacían negocios, movían efedrina y, pese a ello, los fundadores del Cártel de Colima lograron permanecer bajo el radar estadounidense por muchos años.
Su clave: no matar a la gallina de los huevos de oro –el puerto de Manzanillo–, ahogándola en peleas a muerte.
“Aprendieron de los errores cometidos por otras organizaciones, específicamente evitaron confrontaciones violentas por el control del territorio y los mercados”, establece un reporte de la DEA sobre sus operaciones. En el mismo documento se informa que ya no sólo trabajaban en países asiáticos, sino europeos como Suiza y Alemania. De pronto, se volvieron una amenaza global y el gobierno mexicano decidió cortar su rápida expansión.
En 1997, Adán Amezcua fue detenido en Colima por fuerzas federales, los mismos que recibían sus sobornos. Al año siguiente, 1998, cayeron Luis y Jesús en Jalisco. Y el resto de la estructura criminal se comenzó a desmoronar en 1999, cuando el gobierno mexicano achacó a los tres hermanos y sus cómplices en libertad el asesinato del comediante Paco Stanley por un lío de drogas. Empezó el nuevo siglo y el Cártel de Colima agonizaba sin sus fundadores ni líderes medianos.
Los integrantes que quedaban buscaron refugio al norte del país. Unos viajaron hasta Sinaloa para ponerse a las órdenes del Cártel del Pacífico; otros, pararon antes y se unieron al Cártel del Milenio. Cada escisión reclamaba la paternidad del puerto de Manzanillo. Y cuando nadie se puso de acuerdo, y decidieron pelear a balazos, Colima empezó a descender a los sótanos de la violencia.
Los hermanos Amezcua, presos y distraídos en su batalla por no ser extraditados a Estados Unidos, soltaron el control del Cártel de Colima y la sangre empezó a salpicar por todos lados.
El despido de policías que reprobaron exámenes de control
Cuando el teniente Fabián Gómez Calcáneo llegó a dirigir la policía de Atizapán, el primero de enero de 2022, el municipio era un desastre. Había uniformados comisionados para trabajar como jardineros o porteros en los fraccionamientos donde los vecinos más ricos juegan golf, mientras que las colonias populares se quejaban de la ausencia de patrullas y la extorsión campeaba por sus calles.
Los uniformes de los policías estaban incompletos, las armas eran viejas, había gente esperando hasta 15 años por un ascenso, mientras arrastraba problemas de salud, como obesidad y tabaquismo. O, incluso, adicciones a las drogas. En aquel año, la percepción de seguridad en el municipio estaba por los suelos.
“Yo pedí tres condiciones”, recuerda el teniente Gómez Calcáneo. “La primera: nadie me podía pedir moches y el que lo hiciera yo lo denunciaría penalmente. La segunda: ningún habitante del municipio podría usar a los policías como guardaespaldas privados, todos volverían al servicio público. Y tercera: llevar los valores de la Secretaría de Marina –honor, deber, lealtad y patriotismo– a los policías”.
Para sorpresa del teniente, el alcalde atizapense Pedro Rodríguez Villegas aceptó sus condiciones. Tras la aprobación, él mismo eligió a un equipo de élite de 23 integrantes de las Fuerzas Armadas. La situación era crítica: Atizapán vivía una etapa temprana de contagio criminal, por la frontera con Naucalpan y Cuautitlán se le colaban criminales que decían integrar a grupos potentes, como el Cártel Jalisco Nueva Generación o La Nueva Familia Michoacana. Fronteras que sólo existen en los mapas y que en la vida real representan una calle, un semáforo, una jardinera.
La encomienda era simple y compleja: lograr que Atizapán fuera un modelo de policía municipal en prevención y reacción. La misión incluyó despedir a más de 400 policías que reprobaron sus exámenes de control y confianza, identificar aviadores y retirarles los uniformes, ubicar fugas en el presupuesto y tratar a policías como profesionales de la seguridad pública. Los sueldos de la policía municipal subieron hasta 40%, se compraron uniformes nuevos, patrullas, armamento. Se hizo obligatorio el estudio, el ejercicio y tener horas de práctica de tiro.
“Si nadie roba para todo alcanza”, dijo cuando me invitó a la inauguración del gimnasio para los policías de Atizapán. Una instalación nueva en una covacha abandonada donde se cree que los mandos se repartían los sobornos a escondidas. “Todos saben, incluidos los marinos que vienen conmigo, que el que agarre dinero que no es suyo, yo personalmente lo llevo hasta la cárcel y le doy portazo a su celda”, insistió, cuando vio orgulloso la transformación de ese espacio de corrupción.
La moral comenzó a elevarse con los operativos. A diferencia de otras policías municipales, que evitan confrontarse con el crimen organizado, la de Atizapán comenzó a creer que tenían los recursos suficientes para medirse contra lo peor del país. Rescataron del Cártel Jalisco Nueva Generación a la empresaria secuestrada, también detuvieron a integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, mantuvieron a raya al Cártel de Sinaloa en el municipio mexiquense y desarticularon bandas de ladrones colombianos y venezolanos con nexos con cárteles chilangos.
Cuando la delincuencia común vio esto, la reacción se desató en cadena. Los chats de ladrones de autopartes y asaltantes de camiones detenidos por la policía daban cuenta del miedo a “los marinelas”, es decir, los policías municipales instruidos y empapados de la visión de la Secretaría de Marina. “Ya no vayas para Atizapán, allá están los marinelas y se ponen muy cabrones”, se texteaban. De pronto, la frontera invisible entre el territorio que vigilaba el teniente Fabián y los demás municipios parecía un muro físico, una muralla que los criminales no querían trepar.
Los números respaldaron el trabajo policiaco: para 2025, Naucalpan y Cuautitlán arrastraban una percepción de inseguridad de cerca del 90% y Atizapán, vecino de frontera, apenas ligeramente por arriba del 20%, es decir, se convirtió en el municipio con mayor sensación de seguridad en el Estado de México. El robo de vehículo cayó 70% y el robo a casa habitación en 65%. Las denuncias por extorsión crecieron como respuesta a la confianza entre vecinos y policías.
El “modelo Atizapán”, me contó su creador, era una mezcla de dignificación policial, honestidad a toda prueba, cercanía vecinal y mano dura contra el criminal, lo que le valió reconocimiento en México y hasta Colombia. Me lo explicó el teniente en su oficina, donde colgaba uno de sus “adornos” preferidos: un afiche de la película Cobra con el actor Sylvester Stallone disparando a mansalva, pero intervenido con el rostro del teniente y la frase: “El crimen es una enfermedad y yo soy la cura”.
Bajo ese cuadro, el teniente concluyó el año pasado su libro Seguridad pública con estrategias basadas en inteligencia en el que plasmó los detalles de su modelo de trabajo, convencido de que es replicable en otras coordenadas de México. La editorial Tirant Lo Blanch lo vendió como pan caliente en la Feria Internacional de Guadalajara, y el interés por su perfil creció como la espuma. Un tipo extraño y fascinante: un policía que es marino y que pelea contra el crimen y que escribe libros y que es condecorado a nivel internacional. Semanas más tarde del estreno de su libro, su vida daría un giro de 180 grados.
El CJNG y otros narcos recrudecieron la violencia en Colima
A finales de enero, el teniente Fabián Gómez Calcáneo recibió una llamada esperada: estaba invitado a ser el nuevo secretario de Seguridad Pública en Colima, dado los resultados que había conseguido en Atizapán. Un brinco largo y alto desde la seguridad municipal hasta la estatal.
La noticia era una sorpresa por todos los costados: la recibió mientras se preparaba para otra presentación de su libro en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, y la propuesta de nuevo trabajo estaba acompañada del respaldo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Su jefe, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, le dio el apoyo para separarse de sus tareas y prepararse para la nueva encomienda.
“No es una decisión fácil, claro, pero yo estoy para servir a mi patria donde me pongan”, me dijo el teniente, mientras la noticia apenas corría como un rumor y él alistaba maletas para mudarse a unos 650 kilómetros más allá de su casa. “Yo voy a dar resultados donde sea”.
Pero Colima no es “donde sea”. Es la tierra de los Amezcua Contreras y de sus engendros. En 2005, cuando el Cártel de Colima dejó de existir, la pelea por el puerto de Manzanillo convocó al Cártel de Sinaloa, el Cártel del Milenio y Los Zetas, que ya buscaban independizarse del Cártel del Golfo.
Llegó 2006 y el inicio de la “guerra contra el narco”. Mientras los ojos del país estaban puestos en la descomposición de Michoacán y Guerrero, Colima y sus 730 mil habitantes quedaron relegados en las listas de prioridades nacionales en materia de seguridad. Aparecieron los primeros secuestros mutilantes, ejecuciones en vía pública, masacres. En 2010 asesinaron al exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fuera de su casa y el mensaje llegó fuerte y claro a los colimenses: nadie estaba a salvo.
A la disputa por el puerto marítimo se sumaron más negocios ilegales: la venta y consumo de metanfetaminas, la extorsión, el huachicoleo y la explotación sexual. Y en 2015, la nueva fuga del Chapo Guzmán Loera revitalizó al Cártel de Sinaloa en Colima. Los demás grupos criminales debieron reforzar su presencia en el Pacífico. Así irrumpió el Cártel Jalisco Nueva Generación como un conglomerado de criminales violentos y sofisticados que estaban dispuestos a colocar a su líder, El Mencho, en el lugar del mundo que ocupaba Guzmán Loera.
La apuesta se elevó en Colima. La batalla dejó de librarse con armas y empezó a reforzarse con tecnología: armas de grueso calibre, vehículos blindados, drones. Empresarios, políticos y hasta impartidores de justicia, como el juez federal Uriel Villegas Ortiz, cayeron por la violencia.
También apareció una coalición de ciudadanos involucrados en la seguridad del estado. Se formaron colectivos de madres buscadoras, grupos de artistas por la paz, músicos comprometidos, empresarios conscientes, policías que participan en las campañas de desarme. Y, con ellos, la exigencia de líderes en seguridad que cargaran con un pasado limpio. “Así fue cómo, una de la entidades más tranquilas del país, llegó a posicionarse (en 2022) como una entidad a la que se recomendaba no visitar, pues llegó a ubicarse en su momento en el lugar número 14 de las 50 ciudades más violentas del mundo, con una tasa de 59.11 homicidios por cada 100 mil habitantes, desbancando a ciudades mexicanas que por décadas se reconocieron por ser violentas.
“Hoy en día, los embolsados, descuartizados, baleados, torturados, levantados, etc., son parte de la cotidianeidad en la entidad colimense, que, sin mayor asombro, observa y percibe el contexto como el pan de cada día [...]. Todavía, a finales de 2022, el Gobierno de la República daba a conocer que la entidad seguía encabezando la lista nacional en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, con 295, esto es 409% más que, en el mes de marzo de ese año, disparándose esa cifra en tan solo siete meses”, se lee en el estudio “Colima violento: del temor a la indolencia” del investigadora Liliana Yonué Covarrubias Hernández.
Los nombres de los protagonistas de las batallas actuales han cambiado. Hoy se llaman Los Chapitos, La Mayiza y Las Fuerzas Especiales Mencho. La batalla es la misma: el puerto de Manzanillo. Mientras transcurre, Colima es el estado número uno en violencia homicida. También es el único estado donde los homicidios son la quinta causa de muerte para las mujeres.
Y es de los territorios más peligrosos para ser policía. Para allá, le dijeron al teniente Fabián Gómez Calcáneo, llevaría su modelo de seguridad. Una prueba sólo apta para valientes.
El doble homicidio de familiares de Mario Delgado
El 30 de enero pasado, el teniente Fabián Gómez Calcáneo entregó el cargo de comisario de Seguridad Pública en Atizapán para alistar su llegada a Colima, gobernado actualmente por la morenista Indira Vizcaíno Silva. Lo hizo en un acto en el Palacio de Gobierno frente al alcalde y los policías que lo acompañaron en 48 meses de servicio. En un gremio donde la salida del jefe policiaco suele generar alivio y felicidad, la reubicación del “marino” produjo una mezcla de tristeza y orgullo.
“Hoy no se cierra una puerta, no se entrega un cargo. Hoy simplemente termina una guardia. A Atizapán no vinimos a guardar apariencias o aparentar hacer lo correcto. Vinimos a transformar, a romper, a depurar, a recordarles a todos que el uniforme no es un privilegio, es una gran carga moral”, dijo en la despedida.
Cuando las cámaras se apagaron, se acercó a sus compañeros y a cada uno les encargó cuidar lo obtenido: siganle cabrones, no aflojen; no descuiden lo ganado; apriétale, porque van a querer aprovecharse de este momento para meterse de nuevo en Atizapán; ni un pinche soborno, ¿eh? nada de chingaderas; firmes, cabrones, firmes; sean dignos del uniforme, no me fallen, porque regreso y los pongo en orden.
“Si yo fuera criminal, mejor me movía del estado, porque ya llegó el mero chingón”, dijo un policía municipal al terminar la ceremonia. Otro asintió. “Ahora sí van a ver lo que es bueno”, respondió uno más. El miedo parecía cambiar de bando.
En el cargo ha quedado otro marino. El teniente Daniel Gerard Vázquez Mercado continuará el trabajo en Atizapán, donde los policías no tienen dudas de que el modelo será replicado en Colima.
Horas más tarde, el teniente Fabián Gómez Calcáneo recibió otra noticia en su teléfono. Mientras sus maletas seguían abiertas, un comando aprovechó la madrugada del 1 de febrero para ejecutar un doble feminicidio en la colonia Placetas Estadio en la capital de Colima: María Eugenia Delgado y su hija Sheila Amezcua Delgado, tía y prima, respectivamente, del secretario de Educación federal, Mario Delgado, fueron asesinadas a balazos en su domicilio. Así lo recibía el nuevo encargo.
La noticia me recordó otra frase que escuché en la ceremonia de despedida del teniente: más le valía a los integrantes del crimen organizado en Colima aprender a nadar, porque es mejor rodear el territorio que ocupan los marinos que atravesarlo.
Siempre es preferible nadar entre tiburones que ponerte en el camino del teniente Fabián Gómez Calcáneo y sus policías.