Era la mañana del 21 de febrero del 2007 cuando Daniel Cantú Díaz, antes de partir rumbo a una mina en Paredón, Coahuila, sacó su celular y notificó a su padre que se encontraba bien y que volvería con la familia en la tarde-noche. Pero él nunca regresó.
Los días pasaron y Diana no sabía nada de “su güero hermoso”. Fue en voz de los propios compañeros del entonces joven de 23 años que se enteró que Daniel jamás llegó a su destino: “Te desaparecieron, no sabemos qué te pasó”, recuerda en su Facebook a más de quince años de la sustracción de su hijo.
Tras egresar como ingeniero industrial, Daniel entró a trabajar en una marmolería de la Ciudad de Torreón. Y como parte de ello fue que aquel miércoles partiría al poblado de Ramos Arizpe junto a otras dos personas de las que tampoco se sabe su paradero: el conductor de la unidad, José Ángel Esparza León, y su primo, dueño de la empresa y ex candidato Héctor Francisco León García, “Pancho” León.
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Reunión en el paraíso
Héctor Francisco León García trascendió en la Comarca Lagunera como un magnate de la minería y heredero de una empresa de mármol propiedad de su abuelo. Su vocación política comenzó a la par que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del 2006 por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); mismo que lo invitó a sumarse como aspirante al Senado de la República.
Pese al fracaso de su campaña, Pancho León se distinguió por organizar ostentosos mítines que no sólo le merecieron el título del “rey del acarreo”, también de críticas por parte de la oposición local que pedía investigar el origen de los recursos que financiaban aquellos magno eventos.
Casi dos décadas después el nombre del empresario desaparecido vuelve a los reflectores tras ser mencionado en una investigación encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que apunta a un presunto financiamiento ilícito a la primera campaña presidencial del hoy Jefe del Ejecutivo.
De hecho, documentos que la agencia antinarcóticos estadounidense puso a disposición de periodistas como Anabel Hernández y Tim Golden refieren a que León García habría recibido al entonces candidato López Obrador en Durango con bulliciosos mítines presuntamente financiados por el Cártel de los Beltrán Leyva.
Pero así como Pancho León organizó dichos eventos, los reportes estadounidenses relatan que también armó el encuentro al que Édgar Valdéz Villarreal, La Barbie, había convocado a su abogado Roberto López Nájera, junto a otro hombre de negocios, en un lujoso hotel de Nuevo Vallarta en enero del 2006.
Cabe señalar que el testimonio que López Nájera rindió como colaborador a la DEA— tras romper relaciones con el cabecilla de los Beltrán Leyva— destacó entre la docena de declaraciones recabadas por la agencia estadounidense, las cuales hablan de una supuesta cercanía entre el magnate minero con uno de los lugartenientes de La Barbie, Sergio Villarreal Barragán alias El Grande.
Otras versiones de distintos informantes, plasmadas en el escrito de Tim Golden, apuntan que dentro de aquel consorcio de la Costa del Pacífico se habría negociado que la organización criminal inyectaría capital a la campaña a cambio de poder incidir en una futura elección de comandantes fronterizos y funcionarios. Ello toda vez que el tabasqueño triunfara en los presidenciables, lo cual no ocurrió.
Ni López Obrador, ni León García pudieron ganar en sus respectivas elecciones. Pero el empresario no quitó el dedo del renglón y meses después se declaró aspirante para la alcaldía del municipio de Gómez Palacio, también por el PRD; una aspiración que truncó tras su desaparición en febrero del 2007.
17 años de impunidad e incertidumbre
La entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) del Estado recibió el 26 de febrero la denuncia por desaparición de los familiares de Pancho León, luego de haber perdido comunicación con él días atrás.
“Estamos en ascuas. No sabemos de qué se trata. La familia no sabe nada”, declaró ante la prensa local el asesor político del candidato, Armando Navarro, rechazado que él o cercanos a la víctima hubieran recibido llamadas telefónicas para pedir algún tipo de rescate. “No podemos determinar si se trata de un secuestro o de una desaparición”, aunó el entonces procurador.
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En el 2024, Héctor Francisco, José Ángel y Daniel Cantú cumplirán 17 años de haber sido sustraídos cuando se transportaban abordo de la camioneta arena, marca Chevrolet tipo Avalanche.
De acuerdo con el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (ODIM), las indagaciones por la triple sustracción estuvieron inicialmente a cargo del teniente coronel Aurelio Macías García, quien falleció en 2008. Ante ello, el caso quedó en manos de otros investigadores que, del 2007 al 2010, se limitaron a “entrevistar a un amigo de Cantú y emitir avisos a funcionarios médicos y de seguridad pública”.
La madre de Cantú corroboró que el deficiente avance venía desde Macías García, pues al expediente sólo se había incluido “la denuncia inicial de la familia y 13 páginas de solicitudes para obtener los registros del teléfono celular” del joven ingeniero. Asimismo confirmó que la PGR había fragmentado el caso en tres averiguaciones separadas, pese al vínculo entre las tres víctimas.
“(Una investigación) Omisa y pasiva. Muy débil y nada comprometida”, calificó la Madre Buscadora y víctima de la crisis de desaparecidos en México. “Sabemos que son desapariciones de larga data, que son difíciles, no es nada fácil. Pero si se quiere, se puede“.
ASG