Un juez federal admitió a trámite un amparo que interpuso la maestra Elba Esther Gordillo porque la Procuraduría General de la República no le ha permitido tener acceso a una investigación que presuntamente integra la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Seido.
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De acuerdo con la lista de acuerdos judiciales, la demanda de garantías fue promovida el 31 de mayo del presente año, pero ésta fue admitida hasta el 19 de junio.
José Díaz de León Cruz, titular del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, tiene en sus manos el caso, bajo el número de expediente 483/2018.
La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación argumentó que la mencionada unidad contra el lavado de la Procuraduría General de la República aún tiene una carpeta de investigación en su contra.
El pasado lunes, Elba Esther promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión que pueda librar un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte en su contra.
La demanda de garantías quedó registrada en el juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.
La maestra pidió a la juez federal que se le proteja para no ser presentada a comparecer con fuerza pública, para la formulación de imputación en audiencia inicial.
Elba Esther recuperó su libertad el pasado 7 de agosto, tras cinco años y medio de permanecer presa.
Por su parte, la defensa de la maestra presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se investigue qué funcionario judicial “filtró” el expediente de la sentencia que emitió el tribunal federal que la absolvió.
“Ha estado circulando en redes sociales y algunos portales noticiosos la sentencia de apelación dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 11/2013 mediante la cual se declara inocente a la maestra…Esta versión de la sentencia en efecto corresponde con la dictada…”, informó el despacho del abogado Marco Antonio de Toro.
El pasado 7 de agosto, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, ordenó la liberación de la maestra porque la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuaron de manera ilegal para acusarla de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos.
Las pruebas que recabaron ambas dependencias no se obtuvieron con el aval de una orden judicial, violando así el secreto bancario; además, no existió una denuncia por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que asegurara que la maestra estaba desviando recursos del gremio.
VJCM