Una juez federal solicitó al juez de control que libró la orden de aprehensión de Emilio Lozoya Austin, le informe si el ex director de Petróleos Mexicanos se presentó ante él, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Norte, como se le previno cuando se le concedió la suspensión definitiva.
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La medida cautelar que Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó al ex funcionario para que no sea detenido por la Fiscalía General de la República continúa vigente.
El delito que se le imputa a Lozoya, operaciones con recursos de procedencia ilícita, no amerita prisión preventiva oficiosa.
La juez de amparo está requiriendo a las autoridades que le entreguen informes justificados para determinar si levanta la suspensión definitiva concedida al ex director de Pemex.
En el acuerdo publicado por Ortega Tlapa no se da a conocer el plazo que el juez de control tiene para dar respuesta.
“Atento a lo anterior, requiérase a la indicada autoridad responsable a efecto de que en el improrrogable plazo de informe si el quejoso compareció al órgano a su digno cargo a fin de ponerse a su disposición para continuar con el procedimiento correspondiente”, detalló la juez.
Por su parte, Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, turnó a Ortega Tlapa la demanda de garantías que interpuso Gilda Lozoya, hermano de Emilio, contra la orden de aprehensión emitida en su contra.
Hoy vence el plazo para que Gilda se presente ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal.
En los próximos días, la jueza dejará sin efecto la suspensión definitiva, lo que permitirá a la FGR ejecutar la orden.
El pasado lunes, Emilio Lozoya envió una carta donde anunció que ni él ni su hermana se pondrán a disposición del juez de control, porque no existen las condiciones necesarias para ello.
Lo anterior, porque muy probablemente el juez de control le va a dictar prisión preventiva justificada, pese a que el delito que se le imputa no lo amerita.
Dejó claro que nunca se sustrajo de la justicia: “en consecuencia tengo todo el derecho de cuidar mi libertad, ya que todas estas acciones son definitivamente una persecución política orquestada encontrada en mi contra”.
El ex funcionario indicó que “arbitrariamente e ilegalmente”, la Unidad de Inteligencia Financiera, bloqueó sus cuentas bancarias, las de su esposa y las de su madre, al igual que las de las de las empresas “que son el fruto de mi trabajo en el libre ejercicio de mi profesión”.
Desde 2017, abundó, se le ha juzgado “y se me ha condenado violando en mi perjuicio los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales”.
bgpa