Ha pasado un año de la denuncia de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero a la fecha los señalamientos de supuestos actos corrupción contra la cúpula política de México han quedado en poco y nada. Al contrario, la percepción es de impunidad para el ex funcionario por el trato preferencial de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que estuvo de acuerdo en que Lozoya no fuera a la cárcel, confeso de haber recibido sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
La lista de personas señaladas por presuntos actos de corrupción incluyó a tres ex presidentes, un secretario de Estado, dos candidatos presidenciales, varios legisladores, entre muchos más actores políticos de gobiernos anteriores, pero las pruebas y testigos que ha ofrecido Lozoya a la FGR han alcanzado sólo para imputar al ex senador panista Jorge Luis Lavalle por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, mientras que contra los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nada.
El único pez gordo que la FGR intentó detener con base a los dichos del ex director de Pemex fue a Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda, a quien acusaron de traición a la patria, entre otros delitos. No obstante, la integración de la carpeta de investigación no fue adecuada y el Ministerio Público de la Federación decidió echarse para atrás para solicitarle a un juez la orden de aprehensión contra la mano derecha de Peña Nieto.
Ese no ha sido el único revés que ha sufrido en este año Emilio Lozoya; uno de los más importantes fue la negativa de declarar de dos de los testigos estrella del ex director de Pemex, quien ofreció que no sólo confirmarían sus dichos, sino que presentarían pruebas.
Pero Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Lozoya, y Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del departamento Administrativo en la Dirección de Pemex, se ampararon para no declarar ante el Ministerio Público de la Federación y decidieron rendir sus entrevistas con abogados particulares, ante quienes negaron contar con recibos de los supuestos sobornos a legisladores del PAN, así como un video de estas entregas.
Mientras tanto, la FGR ha continuado con sus investigaciones y para dar con los grandes objetivos, las indagatorias han alcanzado a los operadores de Peña Nieto, Videgaray Caso, y Ricardo Anaya, por ejemplo.
En el caso del ex presidente se trata de Roberto Padilla Domínguez y José Antero Rodarte Cordero, quienes durante el sexenio priista fungieron como secretario técnico del gabinete y titular de la Unidad de Apoyo a la Presidencia, respectivamente.
En la orden de aprehensión contra Videgaray, la FGR señaló a Peña Nieto de ser la cabeza de “un aparato de poder criminal”, pero en el proceso contra Lavalle rechazó a llamar a comparecer al ex presidente para que declare sobre los presuntos sobornos que se realizaron durante su gobierno a legisladores para que se aprobara la reforma energética.
El Ministerio Público de la Federación consideró que no era en “el momento procesal oportuno” para llamar a entrevistarlo, aunque dejó abierta la puerta para que después pueda ser citado.
En el caso de Luis Videgaray, la FGR va por Álvaro Rivera quien fue identificado por la dependencia como colaborador en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y sobre todo operador del también ex canciller en diversos temas.
La fiscalía también indaga a Osiris Hernández Peña, quien fue secretario particular de Anaya como diputado federal y posteriormente se convirtió en secretario Técnico de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados cuando el panista ocupó este cargo.
Todos estos personajes fueron nombrados por en su denuncia del 11 de agosto de 2020 o alguna de las ampliaciones de Lozoya, quien busca obtener un criterio de oportunidad con el cual dejaría sin efecto las acusaciones de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa que pesan en su contra, aunque la FGR ha dicho que antes de otorgarlo “debe cerciorarse” de que el ex director de Pemex cumpla con lo acordado.
Así, en un año el que sería el caso emblema de combate a la corrupción y procuración de justicia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de Peña Nieto y la compra de legisladores para que aprobaran la reforma energética, ha quedado en poco y nada.