Una jueza federal determinó asumir el estudio del amparo que en febrero de este año promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra la orden de aprehensión que se giró en su contra por el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados.
Hace unos días, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió un recurso de inconformidad presentado por la defensa de la quejosa y dejó sin efecto la orden de captura, para que un juez de control vuelva a pronunciarse sobre el asunto y determine si debe o no ordenar la detención o citarla a audiencia inicial.
Antes de la resolución del colegiado, el pasado 10 de febrero la hermana del ex funcionario solicitó la protección de la justicia federal, y Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia, dio entrada a la demanda, pero determinó que correspondía a otro juez estudiar el asunto.
Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, informó que decidió asumir el asunto y convalidar las actuaciones de su homólogo.
La juzgadora citó a las partes para el próximo 13 de abril, fecha en la que se celebrará la audiencia donde determinará si concede el amparo a la quejosa.
Gilda Susana ha obtenido diversos amparos que han dejado sin efecto la orden de aprehensión, sentencias que han ordenado al juez de la causa que se vuelva a pronunciar.
Sin embargo, la semana pasada el Tercer Tribunal Colegiado señaló que el último amparo concedido a la mujer no fue acatado en su totalidad por el juez de control, motivo por el cual se ordenó dejar sin efecto el mandamiento judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca imputar a Gilda Susana por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícitas porque presuntamente de junio a noviembre de 2012, se transfirieron tres millones de dólares de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta de la que es beneficiaria, sin que se identificara el origen de la transferencia.
El Ministerio Público aseguró que los tres millones de dólares, que equivalían en esa época a 34 millones 234 mil pesos, fueron utilizados para la supuesta compra de una residencia en la colonia Lomas de Bezares. El inmueble era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, el cual compró Emilio Lozoya.
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